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Junto con Carlos Rafael asumió los gastos relacionados con el velorio.
gastos de la búsqueda de justicia fueron cubiertos por COFAVIC.
Los
La declarante tuvo que dejar de trabajar como consecuencia de la muerte de
su hijo. En 1993 se enfermó de manera que ya no puede trabajar más. Los
costos de las medicinas han sido cubiertas por el seguro que Carlos Rafael le
está pagando. El día del evento, la declarante se encontraba en la cocina de
su casa con la hija de la víctima, cuando escuchó disparos cercanos.
Llamaron a Carlos Rafael indicándole que habían matado a su hermano. Ella
salió y lo vio tirado en el piso, muerto. Luego se lo llevaron y cuando fueron
a buscar su cuerpo a la morgue les dijeron que ya era muy tarde porque
había toque de queda. Al día siguiente, les dijeron que lo fueran a buscar el
viernes. Cuando llegaron ese día, les informaron que se lo habían llevado los
militares.
Posteriormente, su familia se enteró que su hijo había sido
enterrado en una fosa común en el Cementerio General del Sur.
La
declarante se siente un poco más tranquila desde que le fueron entregados
los restos de su hijo en 1990.
Le consta que el gobierno ha querido negar la existencia de la hija de la
víctima. La declarante, Haymar Rojas Campos y Carlos Rafael Rojas Campos
han quedado muy afectados emocional y económicamente con la muerte de la
víctima. Sigue sufriendo insomnio y presión alta. Debido a la falta de
recursos, nunca ha recibido tratamiento psicológico.
20.
Fredez Binda García Hernández, madre de Esteban Luciano Rosillo
García.
Esteban Luciano Rosillo García era estudiante, y tres meses antes de su
muerte había salido de la Escuela Naval. Era soltero y tenía un hijo que no
llegó a reconocer, debido a que en el momento de los hechos no había
culminado los trámites de reconocimiento. La víctima aportaba todo su
sueldo de la Escuela Naval a los gastos de la familia. Al momento del evento
ganaba el salario mínimo.
A causa de los hechos, la declarante tuvo que vender su automóvil y se
endeudó para cubrir los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC ha
asumido los gastos de la búsqueda de justicia, excluyendo los gastos de la
declarante en transporte a Caracas.
El funcionario que mató a su hijo ha dicho abiertamente que él “no paga
muerto” por el homicidio de éste. Los demás hijos de ella lo han visto y lo
han oído decir eso. Por lo tanto, su deseo principal es que se haga justicia.
El día de los hechos el hijo mayor fue a buscar a la declarante en su casa para
darle la noticia, suponiendo que su hermano estaba herido nada más, pero en
el hospital les dijeron que había muerto. La declarante se desmayó y desde
entonces no ha dejado de sentir una profunda tristeza y una gran impotencia
ante la impunidad.
La declarante pasó seis meses en estado de ‘shock’, se mantenía con
medicamentos tranquilizantes. Desde entonces comenzó a vender productos