Los hechos que fundamentan la solicitud de protección -de víctimas, sus representantes y testigos de la causa- se relacionan con la apertura –en Perú- de un proceso de instrucción con mandato efectivo de detención en su contra con el objetivo de amedrentarlos por su reclamo ante los órganos de protección de derechos humanos. La CorteIDH desestimó la solicitud por entender que no se encontraba configurada la situación de extrema gravedad y urgencia necesaria para el dictado de las medidas.

En mayo de 2015 se presentó una nueva solicitud en favor de los trabajadores reincorporados a la Administración del Alcalde de Lima quienes sufrían diversos tipos de maltrato. La CorteIDH no hizo lugar a la misma por considerarlo materia de supervisión de cumplimiento de la Sentencia de fondo.

En octubre de 2020 se solicitan nuevas medidas provisionales en favor de la Sra. Liliana Cerff Ascama, una de las victimas del caso, requiriendo el urgente cumplimiento de las obligaciones de pago aun adeudadas en función de su critica situación de salud. La Corte IDH declaró improcedente la solicitud, entendiendo que la misma corresponde al procedimiento de supervisión de sentencia.