Los hechos del caso se refieren a la deportación de la familia Pacheco Tineo desde Bolivia hacia Perú llevada a cabo el 24 de febrero de 2001, luego de que el Estado rechazara la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiados presentada por la familia y ordenara su expulsión del país.

En el caso, la Corte IDH estableció las garantías mínimas del debido proceso que deben cumplirse en procedimientos de carácter migratorio que puedan culminar con la expulsión o deportación de una persona extranjera, así como en los procedimientos de solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado.

La Corte IDH también evidenció la afectación específica sufrida por niños y niñas de la familia, estableciendo que la protección especial de la que deben gozar niños y niñas se proyecta a los procedimientos judiciales o administrativos en los que se resuelva una solicitud de asilo o una expulsión que los afecte.