Estado al no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convenció n para hacer efectivo el derecho al acceso a la informació n bajo el control del Estado98. 67. La lucha contra la corrupción de manera creciente exige a los Estados la adopción de mecanismos especiales de protección de las personas que denuncian hechos de corrupción. Estas denuncias no sólo están protegidas por constituir una herramienta fundamental de la lucha contra la corrupción sino, como se dijo, constituyen un discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión99. Por ello, es imprescindible que los Estados cuenten con mecanismos de protección de las personas que denuncian, quienes pueden ser objeto de represalias formales e informales100. 68. En este sentido, la Comisión ha destacado recientemente el rol de los denunciantes o “whistleblowers”, y ha señalado que “existe el deber de protegerlos frente a sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe” 101. En este sentido, cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece en su artículo 33 que cada “Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención” 102. 69. Como lo ha dicho la Comisión, “Las acciones de aquellas personas que denuncian irregularidades o prácticas fraudulentas pueden dar lugar a que se produzcan agravios, como amenazas u hostigamiento, con motivo de que se descubran y se combatan las prácticas fraudulentas en instituciones cuestionadas … las denuncias de hechos de corrupción son un elemento valioso en la lucha contra este fenómeno, tanto en las entidades públicas como en las privadas. Las personas denunciantes pueden realizar una contribución importante en estos casos, ya que logran poner en conocimiento de las autoridades hechos potencialmente incriminatorios. En particular cuando la persona denunciante tiene conocimiento del funcionamiento interno de la administración permite develar el desarrollo del entramado fraudulento”103. 70. Existe, una cantidad de reportes que recopilan buenas prácticas y que los Estados pueden seguir para desplegar este tipo de mecanismos. Así, por ejemplo, numerosos países han aprobado leyes que buscan proteger a los empleados que denuncian de buena fe delitos que documentan por sus posiciones laborales: Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos son buenos ejemplos en ese sentido104. Así, en Estados Unidos, el Whistleblower Protection Act de 1989 establece un procedimiento de denuncia y protección de denunciantes bajo la premisa de que quienes así actúan sirven “al interés público”105. Por otro lado, en Canadá, la Public Servants Disclosure Protection Act de 2005 tiene el mismo objetivo y señala específicamente como uno de los casos en los que se activa la protección legal los casos en los que el denunciante refiere a “mal uso de fondos o bienes públicos”106. La norma canadiense, por ejemplo, establece distintos criterios en cuanto al procedimiento de denuncia, a saber: cada dependencia ejecutiva debe establecer procedimientos internos para procesar Corte IDH. Caso Claude Reyes Vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 103. 99 CIDH, Corrupción y Derechos Humanos. OAS/Ser.L/V/II. Doc. 236. Párr. 195. 100 CIDH, Corrupción y Derechos Humanos. OAS/Ser.L/V/II. Doc. 236. Párr. 414. 101 CIDH, Corrupción y Derechos Humanos. OAS/Ser.L/V/II. Doc. 236. Párr. 417. 102 UN, Convención de Las Naciones Unidas Contra La Corrupción 2004, artículo 33. 103 CIDH, Corrupción y Derechos Humanos. OAS/Ser.L/V/II. Doc. 236. Párrs. 414-415. 104 Australia: Public Service Act 1999, Public Interest Disclosure Act 1994 (ACT); Protected Disclosures Act 1994 (NSW); Whistleblowers Protection Act 1994 (Qld); Whistleblowers Protection Act 1993 (SA); Public Interest Disclosures Act 2002 (Tas); Whistleblowers Protection Act 2001 (Vic); Public Interest Disclosure Act 2003 (WA). Francia: Ley Aurourx, del 23 de diciembre de 1982 (reconoce el derecho de un empleado a alertar sin represalias). Japón: Whistleblower Protection Act 2004. Nueva Zelanda: Protected Disclosures Act 2000. Sudáfrica: Protected Disclosures Act 2000. Reino Unido: Public Interest Disclosure Act 1998. 105 ESTADOS UNIDOS, Whistleblower Protection Act, 1989. 106 CANADA, Public Servants Disclosure Protection Act, 2005, fecha de consulta: en https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p31.9/FullText.html, artículo 8.b. 98 17