Los hechos del caso se refieren a la vulneración de las garantías procesales y del derecho a la protección judicial de Sr. Raxcacó Reyes en razón de la condena a la pena de muerte que se le impuso por la comisión del delito de secuestro, sanción que no estaba contemplada en la ley cuando Guatemala ratificó la Convención Interamericana.

La Corte IDH analizó la imposición de la pena de muerte en el marco establecido por la Convención Interamericana en su artículo 4. Adicionalmente desarrolló la obligación estatal de adecuar el derecho interno en relación con la ausencia de una legislación que haga efectivo el derecho a indulto. Del mismo modo, la Corte IDh reiteró estándares acerca de las condiciones de detención y el denominado “corredor de la muerte”.