Los hechos del caso se refieren a la situación de José María Cantos a quien se le impuso el pago de una importante suma de dinero por concepto de tasa de justicia, multa por falta de pago de la misma y honorarios de abogados y peritos como consecuencia de un proceso seguido ante la Corte Suprema de Justica de la Nación contra el Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero.

La Corte IDH estableció que las sumas por concepto de tasas de justicia y multas que le fueron aplicadas al Sr. Cantos constituyeron una obstrucción al derecho de acceso a la justicia, toda vez que se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas de dinero a causa de haber recurrido a tribunales.