23 ser considerada en el contexto de hostigamiento e intimidación que inició desde enero de 2010, lo cual “[d]e acuerdo a los hechos más recientes, […] se estaría extendiendo ahora hacia los representantes de los beneficiarios”. 50. En particular, en su respuesta a la solicitud de información adicional y específica del Presidente de la Corte (supra Visto 9), la Comisión adjuntó la siguiente información remitida por los representantes relativa a su situación de riesgo: a) Los representantes de los beneficiarios a favor de quienes se solicitaba la ampliación de las presentes medidas provisionales eran: de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), el Padre Javier Ávila, s.j., Presidente y Emilia González Tercero; del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el Pbro. Oscar Enríquez, Francisca Galván y Patricia Galarza Gándara; y, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Luz Esthela Castro Rodríguez, Coordinadora General y Brenda Andazola. b) Específicamente, con respecto a dichos representantes señalaron, entre otras cosas, que Luz Esthela Castro Rodríguez, Emilia González Tercero y Francisca Galván eran abogadas y representantes en el caso de los Alvarado por lo cual han “acompañado a la familia Alvarado a las reuniones con el Estado, donde [han] est[ado] presentes militares”. Asimismo, Francisca Galván y Patricia Galarza Gándara han solicitado copias del expediente ante la PGR; mientras que Brenda Andazola es responsable del seguimiento del caso de los Alvarado, así como de las comunicaciones que derivan del mismo, lo que la colocaba en un estado de vulnerabilidad. c) La “situación de violencia, ocupación militar e impunidad [en el estado de Chihuahua] ha aumentado el peligro para las mujeres y para las organizaciones que defienden los derechos humanos”. Las violaciones a derechos humanos y los abusos policíacos y militares han ascendido, mientras que “[n]ingún funcionario ha sido consignado o sentenciado por estos delitos”, sino que por el contrario, “las denuncias ciudadanas son frecuentemente seguidas de hostigamiento por parte de las autoridades”. Indicaron que en este contexto de violencia, los defensores de derechos humanos “enfrentan un grave riesgo y son constantemente amenazados”, siendo que algunas de estas “amenazas se han cumplido”42. d) Las organizaciones CEDEHM, COSYDDHAC y Centro de Derechos Humanos Paso del Norte brindan asesoría y representación en casos de “tortura, desaparición forzada y allanamiento de morada realizados por policías y militares”, lo cual colocaría a sus integrantes en una situación constante de mayor vulnerabilidad y alto riesgo. Agregaron que varios de los representantes residen en Ciudad Juárez, “donde policías federales y militares han realizado visitas para intimidarlos”. e) Con posterioridad a la denuncia internacional del caso de los Alvarado, han ocurrido dos eventos en las instalaciones del CEDEHM y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte “que no han sido investigados”. Al respecto, indicaron que las instalaciones del CEDEHM, en ciudad Chihuahua “fueron allanadas, donde fueron sustraídos diversos aparatos electrónicos, así como también rompieron una ventana de las oficinas”. Además, indicaron que el 30 de abril de 2010 los familiares y representantes participaron en una manifestación en apoyo a mujeres desaparecidas, luego de la cual se colocaron mantas con las 42 En este sentido, aportaron datos en apoyo de dicho contexto entre los cuales figuran cifras de asesinatos presuntamente ocurridos en Chihuahua en 2010. También relataron hechos relativos a los presuntos asesinatos de una defensora de derechos humanos, “quien también denunciaba abusos militares en Juárez”, en enero de 2010 y de un periodista en septiembre de 2010, así como se refirieron a las constantes amenazas a una defensora “del derecho a la tierra y de los pueblos indígenas”, que habrían resultado en que se colocara una bomba en su oficina, que “su hija fue[ra] baleada” y que su esposo fuera asesinado el 1 de marzo de 2010.