-27de Gonaïves y mantenga firme el auto del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc, [que
e]s un caso improbable102.
74.
Sin embargo, las manifestaciones del Estado han sido contradictorias.
Inicialmente expresó la voluntad del Gobierno constitucional de someter al señor
Neptune ante la Alta Corte de Justicia en un plazo razonable 103 . Luego, durante la
audiencia, fue explícito en manifestar que el Gobierno no tiene un expediente abierto
contra el señor Neptune, ni tiene la intención de perseguirlo. Sin embargo, en
respuesta a las preguntas del Tribunal al final del proceso (supra párr. 14), el Estado
manifestó que los reproches contra el señor Neptune vienen de particulares que han
presentado una denuncia; que la Corte de Apelaciones de Gonaïves consideró que era
incompetente para conocer del asunto, pues los hechos reprochados se referían a
actos cometidos en el ejercicio de sus funciones; que si la Alta Corte de Justicia, como
tribunal constitucional habilitado para juzgar a altos funcionarios por hechos cometidos
en el ejercicio de su función, se constituyera y reconociera la constancia de los hechos
imputados al señor Neptune, él podría entonces ser perseguido ante las instancias
penales ordinarias; que el expediente Neptune “corresponde a la Justicia y no al
Ejecutivo, el cual no pretende inmiscuirse en la administración de justicia y [no tiene]
injerencia en el poder judicial como para acordar a un ciudadano una inmunidad
total”; y que el señor Neptune será perseguido ante las instancias penales toda vez
que las autoridades judiciales haitianas así lo decidan104. Finalmente, en respuesta a
algunas manifestaciones del representante105, el Estado manifestó que si la Corte de
Apelaciones de Gonaïves se declaró incompetente, pues este asunto no correspondía a
la justicia ordinaria, no se le puede pedir a ésta que renuncie a una acción que no es
de su competencia. Además, recordó que aún no hay ley que regule el procedimiento
ante la Alta Corte de Justicia, que el Estado haitiano no tiene ningún expediente contra
el señor Neptune y que no puede poner fin a una acción introducida por individuos que
presentaron una queja mediante la constitución de parte civil106.
75.
En síntesis, para este Tribunal la situación jurídica actual del señor Neptune
continúa incierta: está acreditado que, por haber sido liberado por razones
humanitarias y no por una decisión judicial que definiera su responsabilidad por los
hechos que se le imputaban, puede ser aún penalmente perseguido por esos hechos.
Además, si bien el Estado manifestó que es improbable, existe aún la posibilidad de
que el señor Neptune regrese a prisión: en caso de que, una vez que se notifique la
decisión de la Corte de Apelaciones ésta sea recurrida ante la Corte de Casación y ésta
revoque la decisión, en cuyo caso se mantendría firme el auto de cierre de instrucción
del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc.
102
Cfr. Intervención del Estado de Haití durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte
el 30 de enero de 2008 (traducción de la Secretaría de la Corte).
103
Cfr. Escrito del Estado de 3 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo II, folio 295).
104
Cfr. Escrito del Estado de 22 de febrero de 2008 (expediente de fondo, tomo II, folio 526).
105
El representante señaló que en estos momentos sería difícil para el Estado asegurar que no habrán
más investigaciones respecto del señor Neptune, pues no puede impedir a la parte civil que ejerza su
derecho de apelar en casación, si bien podría el Estado renunciar a la persecución penal. No obstante, según
el señor Joseph, la parte civil tendría aún el derecho de llevar el asunto ante la Alta Corte de Justicia.
106
Cfr. Escrito del Estado de 6 de marzo de 2008 (expediente de fondo, tomo II, folio 539).