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Garantías Constitucionales conoció de un recurso de casación interpuesto por
la señora Virginia Ugarte Rivera contra la resolución dictada por la Primera
Sala Penal y el 28 de octubre de 1986 declaró que “permanecía inalterable
dicha resolución y subsistía el derecho del demandante de replantear la
acción”; y
e)
el 24 de junio de 1986 el Consejo de Guerra Permanente de Marina
ordenó un proceso para determinar la posible responsabilidad penal de los
miembros de la Marina que debelaron el motín, y el Segundo Juzgado de
Instrucción Permanente de Marina se avocó al conocimiento y trámite de la
causa. El 6 de julio de 1987 ese Juzgado sobreseyó la causa por no haber
responsabilidad de los encausados y dicha decisión fue confirmada por el
Consejo de Guerra Permanente de Marina el 16 de los mismos mes y año. El
20 de julio de 1989 la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar
confirmó una resolución de la Sala de Guerra del Supremo Tribunal de 30 de
enero de 1989 que sobreseyó la causa contra los inculpados por los delitos
contra la vida, el cuerpo, la salud y abuso de autoridad en agravio de los
internos fallecidos en El Frontón.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION
3.
El 27 de abril de 1987 la Comisión recibió una denuncia por supuestas
violaciones de derechos humanos en agravio de los señores Durand Ugarte y Ugarte
Rivera. El 19 de mayo del mismo año remitió al Estado las partes pertinentes de la
denuncia, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Comisión, y le solicitó
información relativa al agotamiento de los recursos internos.
4.
El 19 de enero de 1988 la Comisión reiteró al Estado la solicitud de que
presentara la información correspondiente al caso. El 8 de junio siguiente insistió en
la solicitud, indicando que, de no recibir respuesta, consideraría la aplicación del
artículo 42 de su Reglamento. El 23 de febrero de 1989 la Comisión requirió la
información una vez más. El 31 de mayo siguiente, los peticionarios pidieron que se
tuvieran por ciertos los hechos denunciados.
5.
El Estado presentó un escrito fechado el 29 de septiembre de 1989, en el cual
manifestó que
en lo que respecta a los casos 10.009 y 10.078, los que, como es de dominio
público, se encuentran en proceso judicial ante el Fuero Privativo Militar del
Perú de conformidad con las leyes vigentes, se debe señalar que no se ha
agotado la jurisdicción interna del Estado, por lo que sería conveniente que la
CIDH aguarde la culminación de la misma antes de pronunciarse de manera
definitiva sobre los mencionados casos.

6.
El 7 de junio de 1990 la Comisión solicitó al Estado información sobre el
agotamiento de los recursos internos, el proceso en trámite ante el fuero militar y la
determinación del paradero de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. El Estado
no respondió a este requerimiento.
7.
El 5 de marzo de 1996 la Comisión aprobó el Informe No. 15/96 y lo
transmitió al Estado el 8 de mayo del mismo año. En la parte dispositiva de dicho
Informe, la Comisión resolvió:

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