-2A)
Posición de Guatemala y observaciones de los representantes de las víctimas
y de la Comisión Interamericana

2.
En los escritos presentados por el Estado en la etapa de supervisión de cumplimiento
de sentencia de los casos Masacre de Río Negro y Gudiel Álvarez y otros (supra Visto 2), el
Estado afirmó que “hace[…] constar su desacuerdo con la interpretación que se le está
dando a la reserva hecha oportunamente por el Estado de Guatemala, al aceptar la
competencia contenciosa de la Corte”. El Estado sostuvo que “no acepta” las Sentencias
emitidas en esos casos por “las siguientes razones”:
a)
“Incompetencia de la Corte IDH para conocer” los casos: “la Honorable Corte
está sancionando al Estado por hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigencia
de la competencia contenciosa de la Corte”. Según el Estado, “el instrumento de
aceptación de la competencia contenciosa de la Corte […] incluyó un segundo artículo
donde el Estado realiza una reserva [… en la cual se indica que] los casos en que se
reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha
en que esta declaración sea presentada al Secretario General de la O[EA]”. Afirmó que
en estos dos casos “la Honorable Corte no debería de haber determinado que era
competente para conocer de asuntos sobre los cuales el Estado de Guatemala no la
había facultado para conocer”;
b)
“no acepta la declaración de responsabilidad hecha por parte de la Honorable
Corte IDH en cuanto al tema de desaparición forzada”. Afirmó que “si en algún
momento un Agente del Estado ha aceptado la responsabilidad del Estado por hechos
cuyo principio de ejecución ocurrió antes de la fecha de presentación del instrumento
por el cual el Estado de Guatemala aceptó la competencia contenciosa de la Honorable
Corte [… d]icha decisión en ningún momento modificó la interpretación de la reserva
que el Estado hace de la misma, ya que para modificar un Acuerdo Gubernativo se
debe de hacer por medio de otro Acuerdo Gubernativo”, y
c)
“no acepta que la Corte IDH condene al Estado a realizar reparaciones diferentes
de las que se puedan determinar en el Programa Nacional de Resarcimiento para
hechos que se dieron durante el Conflicto Armado Interno[, n]i acepta que los montos
ya entregados [a víctimas del caso Masacre de Río Negro] por medio del Programa no
son suficientes para resarcir a las víctimas”. Afirmó que ‘‘el Estado es el único que
puede determinar cuánto puede pagar’’, puesto ‘‘s[ó]lo él conoce las necesidades de
su presupuesto’’.
Asimismo, Guatemala indicó que tuvo que ‘‘realizar consultas’’ a nivel interno para
determinar si procede, o no, la ejecución de la [S]entencia’’ del caso Gudiel Álvarez y otros,
ya que la ‘‘los funcionarios públicos, encargados de la ejecución de la [S]entencia se
encuentra imposibilitados de justificar ante la Contraloría de Cuentas Públicas los fondos
necesarios para la ejecución de la [misma]’’, por lo que se estaría conformando una
‘‘Comisión para el estudio de las cuestiones planteadas’’.
3.
Los representantes de las víctimas en el caso Masacres de Río Negro manifestaron que
lo señalado por Guatemala “debe ser rechazado in limine” ya que las Sentencias del
Tribunal son “definitivas e inapelables” y el Estado desconoce ‘‘los principios básicos que
definen el concepto de responsabilidad estatal internacional’’. También observaron que “el
Estado pretende evitar su responsabilidad a reparar integralmente a las víctimas de
conformidad con la [S]entencia de la [Corte]”. Los representantes de las víctimas en el caso
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) indicaron que los argumentos del Estado
‘‘contraviene[n] a la jurisprudencia constante del tribunal, [a]l derecho internacional y [a]l
allanamiento del mismo Estado’’. Asimismo, consideraron que ‘‘el momento procesal para
debatir temas de fondo ha vencido’’ y que la manifestación del Estado de desacatar la
Sentencia tiene graves implicaciones para las víctimas y el Sistema Interamericano.

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