Los hechos del caso se refieren al derecho de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra a la posesión pacífica y libre de interferencias de terceros de su territorio tradicional. Desde el año 1993 y por más de 20 años la Comunidad no ha conseguido controlar de manera efectiva y armoniosa el territorio que históricamente le pertenece como consecuencia del paulatino incremento de la ocupación del mismo por parte de terceros ajenos a la Comunidad.

La CorteIDH desarrolla estándares para definir la relevancia y alcance de la garantía efectiva del uso y goce de la propiedad colectiva en relación con la injerencia de terceros, así como sobre las características de un proceso adecuado y efectivo para garantizar el derecho a la consulta.