14. Informan que pese a que el Estado manifiesta que ha realizado diversas diligencias de investigación, a través del Ministerio Público, no han contribuido al esclarecimiento de los hechos y menos a la individualización de la responsabilidad penal, porque no hay avances sustanciales en materia de investigación. Asimismo, indican que el tiempo que ha transcurrido desde el asesinato hace más difícil que las diligencias investigativas sean oportunas y aporten resultados positivos. 15. Según las peticionarias, la falta de investigación y la ausencia de un recurso efectivo no ha permitido a los familiares obtener justicia. Asimismo, alegan que las autoridades les han negado el acceso al expediente judicial y copia del mismo, bajo el argumento de que no son parte en el proceso. 16. Manifiestan que durante todo el proceso que ha impulsado la familia, han tenido siempre la carga de la investigación. Han presentado testigos al Ministerio Público; solicitado la realización de diligencias y participado en algunas de ellas. Sin embargo, un gran número de diligencias no se han realizado, como la reconstrucción de la escena del crimen. Asimismo, hacen constar que la participación de los familiares y de los testigos en el proceso supone un alto riesgo para sus vidas. Sin embargo, el Ministerio Público no ha manifestado interés por garantizar su seguridad o proteger a los testigos. 17. Según la petición, Florentín Gudiel Ramos y su hija Makrina han sido víctimas de reiteradas amenazas. El 15 de noviembre de 2003, un ex kaibil amenazó de muerte a Florentín Gudiel, Makrina Gudiel y su hijo, pues al parecer esta persona fue removida de la presidencia del Comité de Educación de la Escuela de Autogestión por señalamientos de malversación de fondos, cargo en el que lo sucedió el señor Gudiel. Si bien alegan haber denunciado los hechos, indican no conocer actuación alguna de investigación. En diciembre de 2003 un miembro de la URNG amenazó de muerte a la señora Gudiel, hecho que fue denunciado ante la entonces denominada Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Durante el 2004 hubo roces con un ex Comisionado Militar. El 17 de noviembre de 2004 afirman que hombres armados y con pasamontañas se presentaron en el domicilio de la señora Gudiel, encontrándose sólo el hijo menor, incidente que no llegó a mayores consecuencias. Luego señalan un atentado cometido el 14 de enero de 2005 cuando desconocidos intentaron incendiar el auto que conducía la señora Gudiel. Alegan que esta situación de intimidación ha tenido como consecuencia que la familia Gudiel no haya regresado a vivir a Santa Lucía Cotzumalguapa. La señora Gudiel viaja diariamente a Santa Lucía Cotzulmaguapa para trabajar en la Asociación de Mujeres del Movimiento Social y el ex alcalde, Dr. Julio Paz, le provee protección a través de su seguridad personal. Si bien reconocen que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) ofreció en mayo de 2008 iniciar un proceso de solicitud para la protección personal de la señora Gudiel, manifiestan que se considera que ésta podría poner en mayor riesgo la vida de la señora Gudiel en vista de que existen comunicaciones entre quienes amenazan a ella y la policía. 18. Asimismo indican que el clima de violencia que se vive en Santa Lucía Cotzumalguapa y las constantes amenazas que recibe la señora Makrina Gudiel, ha hecho imposible la contratación de un abogado que pueda litigar el caso ante los tribunales de dicho municipio para que la señora Gudiel pueda querellarse en el proceso. Refieren que entre septiembre de 2005 y diciembre de 2007, 6 personas, entre otros miembros de consejos comunitarios y activistas de la Alcaldía de Santa Lucía Cotzumalguapa fueron asesinados. Alegan que entre el 25 y 31 de agosto de 2008 fueron asesinadas 11 personas en el municipio. En el mes de julio y agosto del mismo año, la organización de mujeres a la que pertenece Makrina Gudiel “Asociación de Mujeres del Movimiento Social Cotzumalguapa”, sufrió una serie de amenazas a través de varias de sus líderes vía telefónica. Según la petición, la señora Gudiel recibe constantemente mensajes de ex miembros de las fuerzas de seguridad del Estado indicándole que “sus días están contados”. Asimismo, señalan que estas amenazas no se denuncian en la fiscalía porque no son investigadas y se desestiman. 3