Los hechos del caso se relacionan con la detención, ejecución extrajudicial, tortura y maltratos en perjuicio de varios integrantes de la familia Barrios por parte de la Policía del Estado Aragua, así como la falta de investigación y sanción a los responsables. Entre 1998 y 2011 un total de 7 integrantes de la familia fueron asesinados.

La Corte IDH reiteró estándares en materia de impunidad vinculados al actuar abusivo por parte de los aparatos de poder estatal, y sobre la obligación estatal de investigar de manera eficiente y eficaz de modo de identificar a los autores de las violaciones. De igual modo, se refirió a la obligación estatal de prevenir y garantizar en relación con la protección del derecho a la vida.

Asimismo, la Corte IDH estableció criterios sobre inviolabilidad de domicilio y afectación a la propiedad privada en razón del ingreso de funcionarios policiales al mismo, y sobre restricciones de hecho a la libertad de circulación como consecuencia de los hostigamientos sufridos por los integrantes de la familia.