6 B. Presunta Irrelevancia (Mootness) de Cuestiones Presentadas en este Caso 18. El Estado alegó que las cuestiones relativas a la pena de muerte obligatoria y a la horca son “moot y ya no son relevantes” respecto de las cuatro presuntas víctimas, ya que ninguna de ellas “será ahorcada”. El señor Atkins ya no puede estar sujeto a la muerte por horca dado que falleció en prisión en el año 2005 por motivos de enfermedad. A los señores Boyce y Joseph se les conmutaron las penas a cadena perpetua en virtud de la decisión del Tribunal de Apelaciones de Barbados de fecha 31 de mayo de 200513, decisión que fue confirmada por la Corte de Justicia del Caribe el 8 de noviembre de 200614. Finalmente, el Estado afirmó que la pena de muerte impuesta al señor Huggins “no puede ser llevada a cabo legalmente ya que transcurrió un plazo mayor a los cinco años desde la fecha de la sentencia condenatoria, conforme a la decisión del Comité Judicial del Consejo Privado en el caso Pratt vs. Fiscal General de Jamaica, según se aplicó en el Estado de Barbados por medio del caso Bradshaw vs. Fiscal General de Barbados”.15 19. Aunque las partes están de acuerdo de que tres de las presuntas víctimas no siguen sujetas a ser ejecutadas, existe una controversia sobre la posibilidad de que la cuarta presunta víctima, el señor Huggins, tenga aún que enfrentar la horca. El señor Huggins fue condenado y sentenciado a pena de muerte por horca el 19 de julio de 200116. El Estado afirmó que, dado que ha transcurrido un plazo mayor a los cinco años desde la sentencia condenatoria, se aplica la regla del caso Pratt y, en virtud de ella, el Estado no puede ejecutarlo legalmente17. La Comisión y los representantes argumentaron que hasta tanto se conmute oficialmente su pena, la posibilidad de su ejecución permanece latente. 20. En este sentido, la Corte observa que la pena impuesta al señor Huggins aún no ha sido formalmente conmutada. Asimismo, la Corte no tiene cómo confirmar, ni tampoco asumirá, que el Consejo Privado de Barbados, el cual es una dependencia del poder ejecutivo a cargo de recomendar conmutaciones de penas de muerte, elegirá seguir el precedente judicial sentado en Pratt y en Bradshaw y que conmutará la pena del señor Huggins. Existe la posibilidad de que se cuestione la aplicabilidad respecto del señor Huggins del límite temporal establecido en el caso Pratt para llevar a cabo la pena de muerte. Por lo tanto, la Corte considera que el señor Huggins no tiene certeza legal alguna de que no enfrentará la ejecución hasta tanto oficialmente se conmute su pena. 13 Cfr. Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Barbados en Jeffrey Joseph and Lennox Ricardo Boyce v. The Attorney-General et al., Civil Appeal No. 29 of 2004 (31 de mayo de 2005) (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo B.5, folios 908-981). 14 Cfr. Sentencia emitida por la Corte Caribeña de Justicia en The Attorney General et al. v. Jeffrey Joseph and Lennox Ricardo Boyce, CCJ Appeal No CV 2 of 2005, BB Civil Appeal No 29 of 2004 (8 de noviembre de 2006) (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, anexo 32, folios 3172-3348). 15 Cfr. Sentencia emitida por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica et al. (November 2, 1993) (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo IV, anexo 76, folios 5158-5184), y Sentencia emitida por el Comité Judicial del Consejo Privado en Bradshaw v. Attorney General of Barbados et al. (May 24, 1995) (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, anexo 37, folios 3471-3478). 16 Cfr. Michael McDonald Huggins v. The Queen, acta del procedimiento (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo B.9, folios 1475-1476). 17 La decisión en Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica impuso un límite de cinco años para ejecutar las sentencias de muerte a fin de asegurar que las ejecuciones sean hechas en tiempo oportuno (“regla Pratt”). La decisión en el caso Pratt se extendió a Barbados por medio de la decisión en el caso Bradshaw, que exigió que el Consejo Privado de Barbados siguiera los mismos requisitos temporales para la implementación de las sentencias de muerte. Cfr. Sentencia emitida por el Comité Judicial del Consejo Privado en Pratt and Morgan v. Attorney General for Jamaica et al., supra nota 15, y Sentencia emitida por el Comité Judicial del Consejo Privado en Bradshaw v. Attorney General of Barbados et al., supra nota 15.