5 Carrillo Daza, quien se desempeña como rector de la institución educativa San Isidro Labrador del resguardo indígena Atanquéz, recibió amenazas. En relación con el inciso b), señalaron que “la presencia de miembros de la fuerza pública colombiana en la Sierra nevada de Santa Marta […] siguen presentando situaciones que afectan de manera directa a las jóvenes mujeres de los cuatro pueblos que la habitan”, tales como “los múltiples embarazos a mujeres indígenas por parte de miembros del ejército nacional y el desconocimiento posterior de sus obligaciones como padres”. 10. Respecto al inciso c), los representantes señalaron que el 7 de julio de 2009, la señora Celia del Carmen Maestre, Indígena Kankuamo, recibió amenazas contra su vida e integridad personal por parte de un miembro activo del grupo de alta montaña N° 6 adscrito al Batallón de Malambo, Departamento del Atlántico. Asimismo, indicaron que se han ejecutado jornadas de expedición de libretas militares a los indígenas kankuamo así como otras actividades cívico militares en la zona, y que la Fuerza Pública continúa movilizándose de manera “inconsulta” en el Resguardo Indígena Kankuamo. Además, señalaron que han tenido conocimiento de casos de reclutamiento de indígenas kankuamo, como el del joven Edilberto de Jesús Gutiérrez y otros seis miembros de la comunidad de Atánquez. Informaron que existen puestos policiales y trincheras en pleno centro del corregimiento de Atánquez, situación que pone en riesgo a la población ante la posibilidad de un ataque de la guerrilla. Además, según los representantes, los soldados siguen ocupando lugares como escuelas, viviendas, vehículos e, incluso, hay presencia de personal militar y “elementos bélicos” en cercanías a los puestos de salud. Igualmente, manifestaron que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada han denunciado que personal militar hace presencia en lugares sagrados y, en algunos casos, han sustraído “tumas” y elementos sagrados de los que depende la protección del territorio. Finalmente, sobre el punto d), los representantes señalaron que la Organización Wiwa Yugamaín Bunuankurrua Tayrona (OWBYT) denunció que el 13 de septiembre de 2009, en inmediaciones de la Casa Indígena de Valledupar, donde se encuentran las sedes de las organizaciones indígenas de la Sierra Nevada, se advirtió la presencia de personas desconocidas, vestidas de civil y con armas de corto y largo alcance, que se movilizaban en dos motos de alto cilindraje. Asimismo, refirieron que resultaba preocupante para el Pueblo Indígena Kankuamo la presencia de personas desconocidas en la Comunidad de Río Seco y el pueblo de Makugueka ya que “en horas de la noche” se movilizan en motos y vestidos con prendas de color negro, ya que este ha sido el modus operandi de miembros de grupos ilegales armados como las “Autodefensas”, a quienes se les imputa el asesinato de “alrededor de 150 indígenas [k]ankuamos”. 11. La Comisión tomó nota de la información presentada por el Estado y de los esfuerzos de coordinación entre éste y los representantes. Sin embargo, manifestó que a la luz de las observaciones de los representantes, no contaba con información suficiente respecto de acciones específicas relacionadas con “los hechos de diciembre de 2009 y abril de 2010”, así como “sobre los demás elementos de riesgo que mantendrían al pueblo en una situación de extrema gravedad y urgencia”, la cual ha sido reconocida por la Corte Constitucional de Colombia. En su último escrito (supra Visto 4), señaló que “no c[ontaba] con las observaciones de los representantes[,] y que queda[ba] a la espera de las mismas para emitir observaciones más conclusivas[.]”