que “la ejecución [de una persona] luego de un período prolongado a partir de la emisión de su sentencia constituiría un castigo inhumano porque durante dicho período el hombre condenado habrá sufrido la agonía mental de estar a la expectativa de ser ejecutado” 14. Según el CJCP, el contexto del sistema legal de un país y los plazos previstos internamente para la conclusión de los procesos de apelación deben ser tomados en cuenta al establecer si un determinado período de demora, en su totalidad desde la imposición de la pena, constituye un “castigo inhumano” 15. A diferencia del sistema jamaiquino, en las Bahamas no existía la posibilidad de acudir al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, por lo cual el plazo previsto para la conclusión del proceso de apelaciones era de sólo dos años. En consecuencia, el Consejo Privado sostuvo que en ese caso, un período de demora total de tres años y medio fue “excesivo”. 11. Posteriormente, en la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2003 en el caso Balkissoon Roodal v. The State (supra Considerando 8), el Consejo Privado estableció que la “pena de muerte obligatoria es inconsistente con las obligaciones internacionales [de Trinidad y Tobago] bajo la Declaración [Americana de los Derechos y Deberes del Hombre]”. Por tanto, anuló la pena de muerte impuesta al señor Balkissoon Roodal, beneficiario de las presentes medidas provisionales, y remitió el asunto al juzgado de primera instancia para que éste fuera sentenciado de forma discrecional 16. Cabe señalar que el CJCP dejó abierta la posibilidad de que el señor Roodal fuera nuevamente sentenciado a la pena de muerte. 12. Sin embargo, al año siguiente, el Consejo Privado revirtió su posición respecto de la pena de muerte obligatoria en Trinidad y Tobago en el caso Matthew v. The State 17. No obstante, el CJCP consideró que las personas que se habían beneficiado de su fallo en el caso Balkissoon Roodal v. The State (supra Considerandos 8 y 11) habían contado, hasta la fecha, con la “expectativa” de que tendrían la oportunidad de ser oídos en una audiencia para la imposición de una pena discrecional. Por lo tanto, consideró justo que las penas de muerte impuestas a estas personas, inclusive la del señor Roodal, fueran conmutadas a penas perpetuas 18. 13. Por otro lado, la Corte observa que, a raíz de algunos pronunciamientos emitidos por el Procurador General de la República de Trinidad y Tobago ante el Parlamento en el año 2005, en el sentido que el Estado haría “todo en su poder” para ejecutar las penas de las personas que se encontraban en el corredor de la muerte 19, el 15 de agosto de 2008 el Juez Bereaux, del Alto Tribunal de Justicia del Estado, conmutó las penas de muerte de Andrew Dottin, Kevin Dial, Takoor Ramcharan, Arnold Ramlogan, Beemal Ramnarace y Sheldon Roach, todos ellos beneficiarios de las presentes medidas provisionales, entre otras personas 20. 14 Cfr. Henfield v. Attorney General of the Commonwealth of The Bahamas (Bahamas), Apelaciones al Consejo Privado Nos. 26 y 37 de 1996, sentencia de 14 de octubre de 1996 del Comité Judicial del Consejo Privado, párr. 9. Disponible en: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1996/36.html. 15 Cfr. Henfield v. Attorney General of the Commonwealth of The Bahamas (Bahamas), Apelaciones al Consejo Privado Nos. 26 y 37 de 1996, sentencia de 14 de octubre de 1996 del Comité Judicial del Consejo Privado, párrs. 10 y 11 Disponible en: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1996/36.html. 16 Cfr. Balkissoon Roodal v. The State (Trinidad and Tobago), Apelación al Consejo Privado No. 18 de 2003, sentencia de 20 de noviembre de 2003 del Comité Judicial del Consejo Privado, párrs. 30 a 32, y 35 (expediente de medidas provisionales, tomo IV, folios 857 a 907). Disponible en: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2003/78.html. 17 Cfr. Matthew v. The State (Trinidad and Tobago), Apelación al Consejo Privado No. 12 de 2004, sentencia de 7 de julio de 2004 del Comité Judicial del Consejo Privado, párr. 1. Disponible en: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2004/33.html. 18 Cfr. Matthew v. The State (Trinidad and Tobago), Apelación al Consejo Privado No. 12 de 2004, sentencia de 7 de julio de 2004 del Comité Judicial del Consejo Privado, párrs. 30 a 33. Disponible en: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2004/33.html. 19 Cfr. “In the matter of Section 4 and 5 of the Constitution of the Republic of Trinidad and Tobago Act No. 4 of 1976”, decisión de 5 de enero de 2010 del Alto Tribunal de Justicia, expediente H.C.A. No. 1412 de 2005, págs. 4 y 5. Disponible en: http://webopac.ttlawcourts.org/LibraryJud/Judgments/HC/rajkumar/2005/hca_05_1412DD5jan2010.pdf. 20 Cfr. Decisión de 15 de agosto de 2008 emitida por el Juez Bereaux dentro del expediente H.C.A. No. 1412 de 2005 (expediente de medidas provisionales, tomo IV, folio 842 y 855). 5