(iii) (iv) mencionó la “iniciativa del Ministerio Público [de] Río de Janeiro en cuanto al proyecto de resolución, [que] recomienda [que las] notificaciones de hechos [“notícias de fato”] o notas de información sobre delitos dolosos contra la vida y lesión corporal seguida de muerte, delito de tortura y delitos contra la dignidad sexual, inclusive en la modalidad de tentativa, practicados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, en contexto especial de violación a Derechos Humanos, deberán dar lugar a la investigación directa por parte del Fiscal, mediante la instauración de [un] Procedimiento Investigativo Criminal”. En el mismo sentido, observó que el Proyecto de Ley del Senado N° 135, de 2018, “prevé la modificación al […] Código Procesal Penal, para prever la ‘competencia’ del Ministerio Público para investigar delitos cometidos por agentes de los órganos de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones” 12, y se refirió a la Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 63513, en trámite ante el Supremo Tribunal Federal, mencionada por las representantes en su escrito de solicitud (supra Considerando 4.ii), en el marco de la cual el pleno de dicho tribunal emitió una decisión en agosto de 202014, con base en la cual se instruyó un “doble control” administrativo y judicial de las operaciones que realizan los agentes de seguridad pública durante la pandemia, y se estableció que “siempre que haya sospecha de participación de agentes de los órganos de seguridad pública en la práctica de infracción penal, la investigación será atribución del órgano del Ministerio Público competente” 15. Brasil resaltó que ello “corresponde exactamente” a lo ordenado en el punto resolutivo décimo sexto de la Sentencia, “incluso en lo que se refiere a ‘mecanismos normativos’, teniendo en cuenta que la decisión judicial también es fuente normativa, según la lógica neoconstitucionalista que integra el juez en la creación del Derecho” 16. Brasil remarcó que la citada decisión “ha originado directrices que deben ser observadas por los órganos policiales e incluso por el mismo Ministerio Público, conteniendo mandatos en cuanto a que la realización de operaciones policiales debe ser comunicada y justificada ante el órgano ministerial”, y que el Ministerio Público de Río de Janeiro “ha venido acompañando la legalidad de la política pública de seguridad pública en el estado de Río de Janeiro, así como ejerciendo un efectivo El Estado también se refirió al Proyecto de Ley 2568/2020, presentado ante la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, el cual “busca la suspensión de las operaciones policiales durante el período de lockdown, previendo sanciones para su incumplimiento”. 13 Brasil explicó que la Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental es un “mecanismo de control concentrado de constitucionalidad que tiene por fin evitar o reparar el daño a un precepto fundamental resultante de la actuación del poder público” y que, en específico, por medio de la ADPF N° 635 “se busca resguardar preceptos fundamentales relacionados con la política de seguridad pública del estado de Río de Janeiro”. 14 El Estado también señaló que, anteriormente, el 5 de junio de 2020, uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal había emitido una decision “monocrática” en el marco de dicho procedimiento, mediante la cual se “asentó la prohibición de realizar operaciones policiales en comunidades de Río de Janeiro durante la pandemia, excepto en situaciones excepcionales, las cuales debían ser justificadas por escrito y mediante comunicación Al Ministerio Público”. Añadió que dicha decisión fue notificada al Consejo Nacional del Ministerio Público para “control, acompañamiento e inducción de políticas institucionales relativas al cumplimiento por el Ministerio Público de Río de Janeiro”. Además, indicó que dicha decisión tuvo como resultado una “reducción significativa de operaciones policiales, y consecuentemente, el número de muertes ocurridas en contexto de esas operaciones disminuyó en más de 75% en relación al promedio de muertes en el período de 5 de junio a 5 de julio en los años de 2007 a 2019”. 15 La decisión del plenario también especifica que el ejercicio de dicha atribución debe realizarse de oficio y con prontitud. 16 El Estado también precisó que “la norma producida por la actividad jurisdiccional, construida con base en un caso concreto, sirve como parámetro para la solución de casos futuros semejantes”, y que “[e]l proceso jurisdiccional, en la era contemporánea, no solo se restringe a resolver el caso concreto, sino que también sirve como referencia para la resolución de controversiar futuras. La fuerza de la norma jurídica del caso concreto, o precedente judicial, es el elemento esencial de la doctrina del stare decisis, que hoy es adoptada tanto en el régimen del common law, como en el civil law”. 12 -7-