6.
Los escritos de observaciones presentados por las representantes de las víctimas (en
adelante “las representantes”)5 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre junio de 2018 y mayo de 2021,
en el marco de la supervisión de cumplimiento.
7.
El escrito de 10 de mayo de 2021, mediante el cual las representantes solicitaron, con
base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana y en el artículo 27 del
Reglamento de la Corte, la adopción de medidas provisionales “en favor de los familiares de
las 27 víctimas asesinadas durante una operación policial ocurrida el 6 de mayo de 2021” en
la Favela Jacarezinho en Río de Janeiro (infra Considerando 3).
8.
La nota de la Secretaría de la Corte de 17 de mayo de 2021, mediante la cual,
siguiendo instrucciones de la Corte y en aplicación del artículo 27.5 de su Reglamento, se
solicitó a Brasil que presentara observaciones sobre la referida solicitud de medidas
provisionales.
9.
Los escritos presentados por el Estado los días 25 de mayo y 2 de junio de 2021,
mediante los cuales, respectivamente, solicitó una prórroga para presentar sus observaciones
a la referida solicitud de medidas provisionales y remitió dichas observaciones.

CONSIDERANDO QUE:
1.
La Corte emitió Sentencia en el caso Favela Nova Brasilia en el año 2017, el cual se
encuentra en etapa de supervisión de cumplimiento. Entre otras reparaciones, ordenó en el
punto resolutivo décimo sexto que el Estado debía “establecer los mecanismos normativos
necesarios para que en supuestos de presuntas muertes, tortura o violencia sexual derivadas
de intervención policial, en que prima facie aparezca como posible imputado personal policial,
desde la notitia criminis se encargue la investigación a un órgano independiente y diferente
de la fuerza pública involucrada en el incidente, tales como una autoridad judicial o el
Ministerio Público, asistido por personal policial, técnico criminalístico y administrativo ajeno
al cuerpo de seguridad al que pertenezca el posible imputado o imputados de conformidad
con los párrafos 318 y 319 de la […] Sentencia”. En estos párrafos, la Corte “destac[ó] el rol
de[l Ministerio Público] en las investigaciones criminales, y su mandato constitucional de
control externo de la actividad policial”, y señaló que, “aunque la Resolución No. 129 del
[Consejo Nacional del Ministerio Público] determina las medidas a ser adoptadas por el
Ministerio Público en casos de muerte derivada de intervención policial, considerando que la
violencia policial es normalmente investigada por la propia policía, la Corte considera
necesario que el control externo del Ministerio Público en casos de violencia policial se
proyecte más allá de la práctica de supervisión a distancia de las investigaciones realizadas
por delegados de la propia policía”. Se otorgó a Brasil el plazo de un año, contado a partir de
la notificación de la Sentencia, para dar cumplimiento a dicha medida.
2.
En esta Resolución, la Corte se pronunciará sobre la solicitud de medidas provisionales
presentada por las representantes (infra Considerandos 3 a 7). Para valorar esta solicitud, se
tendrá en cuenta también las observaciones del Estado (infra Considerandos 8 a 13).
Asimismo, realizará las consideraciones que correspondan efectuarse en el marco de la
supervisión del cumplimiento de la Sentencia (infra Considerandos 22 a 24)

Las representantes en este caso son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto
de Estudios de la Religión (ISER).
5

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