3 11. Los peticionarios argumentaron que no hubo proceso judicial de ninguna especie y que “el modo de acción seguido por el Congreso no estaba contemplado en la ley. En efecto, los magistrados no fueron notificados con demanda o petición alguna; no fueron acusados de haber cometido una infracción legal; y no tuvieron oportunidad ni posibilidad alguna de ser escuchados, ni tampoco de defenderse”. 12. Agregaron que debido a la falta de valor jurídico de la Resolución del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se negaron a abandonar sus despachos, lo que generó que el 9 de diciembre de 2004 la Policía Nacional desalojara del Palacio de Justicia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y a algunos magistrados que lo acompañaban, impidiendo además mediante la fuerza el ingreso de otros magistrados y empleados. 13. Señalaron que por considerar que el amparo judicial era ilusorio por el contexto en que se dieron los hechos y con base en la denegación de justicia respecto de los vocales del Tribunal Constitucional, decidieron acudir a las instancias internacionales. 14. Los peticionarios consideran que estos hechos constituyeron violaciones de los derechos consagrados en los artículos 8, 9, 23, 24 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. A continuación se resumen los alegatos de los peticionarios respecto de estos artículos. 15. En cuanto al derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la Convención, los peticionarios indicaron que este derecho aplica a las “instancias procesales” en general, incluyendo la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En consideración de los peticionarios, las expresiones “juez o tribunal competente” y “para la determinación de sus derechos” se refieren a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Específicamente los peticionarios argumentaron que: - - - - El Estado violó la garantía de “juez o tribunal competente”, en tanto la Constitución ecuatoriana determina taxativamente las funciones del Congreso Nacional, en las cuales no se encuentra cesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni elegir nuevos magistrados. El Estado violó la garantía de “juez o tribunal independiente” pues la destitución se dio en un procedimiento que no estaba previamente establecido y el Poder Ejecutivo presionó al Congreso para que destituyera a los magistrados de la CSJ. En particular, conformó una mayoría afín a su conveniencia política y una vez conformada la mayoría convocó a un período extraordinario de sesiones sobre un tema que no se encontraba dentro de sus competencias. Además, en consideración de los peticionarios, la ausencia de garantías de debido proceso en el cese, también es muestra de la falta de independencia del Congreso Nacional que no realizó un juicio político contra los magistrados. El Estado violó la garantía de “juez o tribunal imparcial”, pues actuó como “parte” y también “juez al mismo tiempo”. Agregaron que antes de iniciar la votación, el Congreso ya había determinado la sanción. Indicaron además, que de las actas de la sesión extraordinaria se puede deducir que la mayoría tenía un interés directo en la decisión. El Estado violó el derecho a ser oído con las debidas garantías y el derecho a la defensa, pues tanto en la convocatoria a sesión extraordinaria por el Presidente de la República como en la sesión sostenida el 8 de diciembre de 2004, se excluyó la posibilidad de escuchar a las partes, la decisión fue tomada sumariamente en 45 minutos, no fue motivada y en suma, los magistrados no pudieron defenderse ni por sus propios medios ni a través de persona designada por ellos. Agregaron que el plazo irrazonablemente corto en el que se adoptó la decisión, les impidió toda posibilidad de defensa. Además, señalaron que ante la falta de

Select target paragraph3