203. La Corte considera que los criterios generales establecidos en la documentación citada implican
un avance significativo en cuanto a la adecuación de las normas y prácticas internas a la normativa
internacional. Sin embargo, advierte que es preciso contar con normas más enfocadas en la niñez,
que contemplen los criterios establecidos en la presente Sentencia y en otros instrumentos
internacionales que consideren las condiciones y necesidades específicas de niños, niñas y
adolescentes.
204. En este sentido, la Corte estima conveniente ordenar que el Estado adecúe sus protocolos ya
existentes o adopte nuevos protocolos que incorporen los estándares internacionales en la materia
(supra párrs. 101 a 107) en las investigaciones y procesos penales derivados de actos de violencia
sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes; que aseguren que las declaraciones y entrevistas,
los exámenes médico-forenses, así como las pericias psicológicas y/o psiquiátricas sean llevadas a
cabo de forma ajustada a las necesidades de ese grupo particular de víctimas, y delimiten el
contenido de la atención integral especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia
sexual. Por ello, la Corte ordena al Estado la adopción, implementación, supervisión y fiscalización
apropiada de tres protocolos estandarizados, a saber: i) protocolo de investigación y actuación
durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; ii)
protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia sexual, y iii) protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia sexual.
205. En relación con el protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos
de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Estado deberá tener en cuenta los
criterios establecidos en los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos
de la niñez, así como los estándares desarrollados en esta Sentencia y en la jurisprudencia de la
Corte. En este sentido, dicho protocolo deberá tener en consideración que la debida diligencia
reforzada con perspectiva de género y niñez, conforme el caso, implica la adopción de medidas
especiales y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes con miras a evitar
su revictimización, por lo que deberá incluir, conforme con los estándares desarrollados en los
párrafos 103 a 106, al menos los siguientes criterios: (i) el derecho a la información relativa al
procedimiento, así como los servicios de asistencia jurídica, de salud y demás medidas de protección
disponibles; (ii) la asistencia letrada, gratuita y proporcionada por el Estado, de un abogado
debidamente capacitado, y/o especializado en niñez y adolescencia, con facultades de constituirse
en calidad de parte procesal, oponerse a medidas judiciales, interponer recursos y realizar todo otro
acto procesal tendiente a defender sus derechos en el proceso; (iii) el derecho a ser oído, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, que conlleva un criterio reforzado de celeridad;
(iv) el derecho de la niña, niño o adolescente víctima a participar en el proceso penal, en función de
su edad y madurez, y siempre que no implique un perjuicio en su bienestar psico-social. Para ello,
deben realizarse las diligencias estrictamente necesarias y evitarse la presencia e interacción de las
niñas, niños y adolescentes con su agresor; (v) generar las condiciones adecuadas para que las
niñas, niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal mediante las
protecciones especiales y el acompañamiento especializado; (vi) la entrevista deberá llevarse a cabo
por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la
toma de este tipo de declaraciones de niñas, niños y adolescentes; (vii) las salas de entrevistas
otorgarán un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde
privacidad y confianza; (viii) el personal del servicio de justicia que intervenga deberá estar
capacitado en la temática, y (ix) deberá brindarse asistencia inmediata y profesional, tanto médica
como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de una persona profesional específicamente capacitada en
la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género y niñez. La Corte considera
que este protocolo deberá estar dirigido, especialmente, a todo el personal de la administración de
justicia que intervenga en la investigación y tramitación de procesos penales en casos de niñas, niños
o adolescentes víctimas de violencia sexual, sea que ésta haya ocurrido en la esfera pública o privada.
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