206. Con respecto al protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas,
niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Corte ordena al Estado de Bolivia que adopte
un protocolo específico estandarizado para que todo el personal de salud, ya sea público o privado
y, de forma particular, el personal del Instituto de Investigaciones Forenses, cuente con los criterios
necesarios para la ejecución de los exámenes que correspondan, conforme con los criterios
establecidos en el párrafo 107 de la presente Sentencia y la jurisprudencia de la Corte, así como los
estándares internacionales en la materia. El Tribunal resalta que, de considerarse necesaria la
realización de un examen médico, el Estado deberá garantizar al menos lo siguiente: (i) deberá
evitarse, en la medida de lo posible, más de una evaluación física; (ii) debe ser realizado por un
profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual de niñas, niños y
adolescentes; (iii) la víctima o su representante legal, según el grado de madurez de la niña, niño o
adolescente, podrá elegir el sexo de la persona profesional; (iv) el examen debe estar a cargo de
una persona profesional de salud especializada en la atención de niñas y niños con formación
específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de violencia sexual; (v) deberá
llevarse a cabo luego del consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, según
su grado de madurez, tomando en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído, y (vi)
se realizará en un lugar adecuado y se respetará su derecho a la intimidad y privacidad, permitiendo
la presencia de un/una acompañante de confianza de la víctima y estando vedado la participación o
presencia de otras personas profesionales que no estén expresamente autorizados por la víctima o
su representante legal.
207. Finalmente, en relación con el protocolo específico estandarizado de atención integral para
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Corte considera que el Estado deberá
brindar medidas de protección desde el momento en el que tome conocimiento de la violencia sexual,
conforme con los criterios establecidos en los párrafos 101, 103 y 105 de la presente Sentencia. En
particular, la Corte ordena al Estado que dicho protocolo garantice el establecimiento de protecciones
especiales y acompañamiento especializado, médico, psicológico y/o psiquiátrico para que las niñas,
niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal, evitando la
revictimización y conforme a sus vivencias y entendimiento. El protocolo, además, deberá garantizar
que se brinde asistencia antes, durante y después de las investigaciones y proceso penal para lograr
la reintegración y rehabilitación de las víctimas. En este sentido, se brindará asistencia inmediata y
profesional, tanto médica, psicológica como psiquiátrica a cargo de personal especializado, con
perspectiva de género y niñez, y sin discriminación, para las víctimas y sus familiares, durante el
tiempo que sea necesario para lograr la rehabilitación. La Corte estima que este protocolo deberá
estar dirigido no solo al personal de salud que interviene en casos de violencia sexual, sino también
al personal de apoyo social y familiar que de forma integral brindan atención a las víctimas, por lo
que deberá incluir los mecanismos de apoyo con los que cuentan dichas víctimas y sus familiares. El
protocolo deberá, asimismo, establecer claramente las acciones de coordinación entre distintas
instancias estatales que brindan asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia
sexual en Bolivia.
208. Bolivia deberá cumplir con las medidas de reparación dispuestas en este apartado en el plazo
de dos años desde la notificación de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado deberá crear un
sistema de indicadores que permitan medir la efectividad de los protocolos referidos anteriormente
y comprobar, de manera diferenciada y por género y edad, la disminución sustantiva de la impunidad
respecto de los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes328. Para
cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un plazo de dos años a partir de la adopción de los
referidos protocolos.
d.3 Programas de capacitación y sensibilización
209. La Corte nota que los programas de capacitación llevados a cabo por el órgano ejecutivo y
328
Cfr. Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México, supra, párr. 179, y Caso Sales Pimenta Vs. Brasil, supra, párr. 172.
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