Los hechos del caso se relacionan con la condena penal impuesta a Winston Caesar -por el delito de tentativa de violación sexual- y que consistió -de acuerdo con la Ley de Penas Corporales- en trabajos forzados y azotes.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre la compatibilidad de la aplicación estatal de penas corporales con el derecho y la práctica internacional y a partir del marco de protección de prohibición de la tortura y trato cruel, inhumano y degradante.