Los hechos del caso se refieren a la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional quienes fueron sometidos a juicio político por el Congreso. El juicio político se basó en la no aplicación de la Ley N° 26.657 que habilitaba una segunda reelección presidencial, y que permitiría al entonces Presidente Alberto Fujimori postularse para un tercer periodo presidencial consecutivo.

Tras lo sucedido, las víctimas interpusieron acciones de amparo contra las resoluciones de destitución, las que fueron rechazadas por la Corte Superior de Justicia de Lima y posteriormente confirmadas por el Tribunal Constitucional. Como consecuencia de estas acciones, las víctimas sufrieron una serie de hostigamientos y persecuciones por parte de las autoridades peruanas.

La Corte IDH se refirió a la institución del juicio político y las garantías del debido proceso legal y el requisito de imparcialidad del juzgador.