Los hechos del caso se refieren a la negativa del Estado -a través de una decisión del Comité de Inversiones Extranjeras- de brindar a los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero información en relación con la empresa forestal Trillium y el proyecto de deforestación Río Cóndor, que podía resultar perjudicial para el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre la relación entre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho de toda persona a solicitar el acceso a información bajo control del Estado. Asimismo, analizó el deber estatal de fundamentación de las decisiones de órganos administrativos en el marco de las garantías del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.