RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

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DE 30 DE AGOSTO DE 2011
CASO MONTERO ARANGUREN Y OTROS (RETÉN DE CATIA) VS. VENEZUELA
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VISTO:
1.
La Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas (en adelante
“la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 5 de julio de 2006.
2.
La Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia emitida por el
Tribunal el 17 de noviembre de 2009, en la cual declaró, inter alia:
1. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 15, 20, 21, 26 a 28, 32 a 34,
40 a 43, 49, 50, 54 a 57, 61 a 63, y 68 a 70 de la […] Resolución, el Tribunal mantendrá
abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos que establecen el
deber del Estado de:
a) emprender, con plena observancia de las garantías judiciales y en un plazo
razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y en su caso sancionar a
todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas del caso
(punto resolutivo séptimo de la Sentencia);
b) realizar inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para
garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los
cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín (punto resolutivo octavo
de la Sentencia);
c) adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna a los términos de la
Convención Americana (punto resolutivo noveno de la Sentencia);
d) adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de
las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia (punto
resolutivo décimo de la Sentencia);
e) entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad
para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso desproporcionado de
la fuerza. Asimismo, el Estado debe diseñar e implementar un programa de capacitación
sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas
de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios (punto resolutivo undécimo
de la Sentencia);
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El Juez Leonardo A. Franco informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar
presente en la deliberación de la presente Resolución.

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