de la petición 725-03. Finalmente, el 10 de septiembre de 2016, la parte peticionaria incorporó seis presuntas
víctimas más al caso.
5.
En relación con las presuntas víctimas identificadas en la petición 725-03 la parte peticionaria indicó
que, en términos de agotamiento, interpusieron una acción de amparo solicitando que se deje sin efecto la
resolución suprema que terminó su vinculación laboral con el Congreso. En última instancia, el caso llegó a
conocimiento del Tribunal Constitucional, el que resolvió que el caso era improcedente, el 6 de diciembre de
2002, dado que esta temática ya había sido resuelta a través del expediente No. 0338-1996-AA/TC, de 24 de
noviembre de 1997, reiterando su jurisprudencia en relación a que el daño había devenido en irreparable por
lo que la acción de amparo no era la vía idónea.
6.
Del mismo modo, en relación con las presuntas víctimas identificadas en la petición de 728-00 la parte
peticionaria indicó que algunas accedieron a las medidas de reparación para cesados irregularmente ofrecidas
por el Estado a través de las Leyes 27452, 27586 y 27803. Indicó que otro grupo logró acceder a dichas medidas
de reparación a través de procesos judiciales. Finalmente, señaló que un grupo no logró acceder a ningún tipo
de beneficio.
7.
Respecto de ambos grupos de víctimas, la parte peticionaria indicó que, en relación con el requisito de
agotamiento de los recursos internos, el mismo no resultaba exigible en el presente caso, según lo dispuesto en
el artículo 46.2.b de la Convención Americana. En su entender, las presuntas víctimas fueron impedidas de
acceder a los recursos de jurisdicción interna y, por tanto, de agotarlos, actualizándose la hipótesis de excepción
al agotamiento de recursos internos mencionada. En línea con lo anterior, la parte peticionaria indicó que las
presuntas víctimas debieron ser incluidas en los casos mencionados anteriormente como presuntas víctimas
tanto en el marco del proceso ante la CIDH, como ante la Corte Interamericana en los casos Caso Trabajadores
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú 4 (en adelante “el caso Trabajadores Cesados”) y Canales
Huapaya y Otros5 (en adelante “el caso Canales Huapaya”), todos contra Perú. Asimismo, en atención de los
criterios de agotamiento adoptados por la CIDH en los mencionados casos en la etapa de admisibilidad (12.038
y 12.214) y tomando en consideración que se trata exactamente de la misma temática, el presente caso también
debería ser declarado admisible.
8.
La parte peticionaria alegó la vulneración del derecho a las garantías judiciales y la protección judicial
pues las presuntas víctimas no contaron con un recurso rápido, sencillo y efectivo que determinara si las
evaluaciones tomadas en el marco del proceso de racionalización de personal y los posteriores despidos se
ajustaban a “las prescripciones constitucionales vigentes”.
9.
La parte peticionaria señaló que el despido arbitrario también vulneró el derecho al trabajo en
condiciones dignas y a recibir una remuneración que asegurase un nivel de vida conveniente para las presuntas
víctimas y sus familias. Indicó que las presuntas víctimas gozaban de estabilidad laboral de acuerdo con
régimen legal aplicable emanado de los artículos 24 del Decreto Legislativo 276 y 6 del Decreto Supremo 00590-PCM.
B.

Estado

10.
El Estado interpuso las excepciones de cuarta instancia y de caducidad del plazo en su escrito de
contestación. En relación con la primera, el Estado señaló que la parte peticionaria “no podría pretender la
revisión y ejecución de fallos dados en sede nacional y dictados bajo las reglas del debido proceso”. Sobre la
segunda, señaló que la petición se interpuso después de los seis meses “de la notificación de la resolución del
Tribunal Constitucional”. De modo específico, en relación con los casos de Mauro Rojas Guzmán, José Elías
Flores y Edwin Espinoza, el Estado solicitó que se declare la sustracción de la materia debido a sus respectivas
reincorporaciones.
Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158.
5 Corte IDH. Caso Canales Huapaya y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de
2015. Serie C No. 296.
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