Los hechos hacen referencia a la ejecución extrajudicial de 6 campesinos indefensos, en el municipio Las Palmeras del departamento de Putumayo, por miembros de la Policía y el Ejército Nacional, así como la falta de administración de justicia, lo que permitió que los hechos quedaran en la impunidad.

La Corte IDH avanzó en su jurisprudencia respecto de la responsabilidad de los Estados por las violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial como consecuencia del uso de la jurisdicción militar en casos de graves violaciones de derechos humanos, en tanto esta jurisdicción vulnera el derecho al juez competente, independiente e imparcial. Adicionalmente, la Corte IDH evidenció la violación de derechos como consecuencia del exceso de tiempo que duró el proceso penal ordinario sin que se haya identificado y sancionado a los responsables de la ejecución extrajudicial, lo que vulnera los límites de razonabilidad del plazo.