Pasado un año y tras el otorgamiento de tres prórrogas, el Estado no ha avanzado sustantiva y
concretamente en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de admisibilidad y fondo
85/13. Si bien el Estado de Colombia informó sobre el inicio de un procedimiento para la reparación
bajo la Ley 288 de 1996, a la fecha no se ha avanzado sustantivamente en dicho proceso y la
información aportada por el Estado indica que el mismo no cubre a la totalidad de las víctimas
identificadas por la Comisión en su informe, debido a que un grupo de víctimas habrían recibido
algún tipo de indemnización a nivel interno. Sin embargo, la información disponible indica que las
reparaciones recibidas no cubrirían los diferentes componentes del daño ni incorporan la
integralidad de las violaciones encontradas por la Comisión. Por otra parte, aunque el Estado
presentó planes dirigidos a priorizar las investigaciones, desde la notificación del informe de fondo
no existen avances sustantivos en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los
responsables según líneas lógicas de investigación y la imposición de las sanciones respectivas.
Tampoco existen avances sustantivos en la determinación del destino o paradero de las víctimas
desaparecidas.
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la
totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de admisibilidad y
fondo 85/13, por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas del caso.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado de Colombia por la violación de los derechos establecidos en los artículos 3,
4, 5, 7, 8, 19, 21 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los
artículos 1.1 del mismo instrumento internacional; así como de los artículos I.a) y I.b) de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de las personas que
se indican en cada una de las secciones del informe de admisibilidad y fondo.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de
reparación:
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el
aspecto material como moral.
2. Establecer un mecanismo que permita, en la mayor medida posible, la identificación completa de las
dos personas cuya identificación ha sido establecida parcialmente. Esto, a fin de que sus familiares
puedan recibir las reparaciones dispuestas en virtud del numeral anterior.
3. Emprender una búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o paradero de las
víctimas desaparecidas o de sus restos mortales.
4. Continuar las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el
objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e
imponer las sanciones que correspondan, tomando en cuenta los vínculos y patrones de acción
conjunta identificados en el informe.
5. Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones
u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en
la que se encuentran los hechos del caso o que participaron en medidas para obstaculizar los procesos
destinados a identificar y sancionar a los responsables.
6. Establecer, con la participación de la comunidad de la Vereda La Esperanza, una medida de
reparación comunitaria que reconozca el impacto que tuvo la secuencia de hechos de violencia contra
la población civil en el presente caso.
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