Los hechos del caso se refieren a la incursión paramilitar y la masacre de 49 campesinos cometida por los paramilitares con la colaboración y aquiescencia de miembros del Ejército Nacional entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Las víctimas fueron retenidas, torturadas, ejecutadas y/o desaparecidas, lo que provocó un desplazamiento masivo de los habitantes de la región.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre responsabilidad estatal por actos de particulares en supuestos de acción u omisión de sus agentes en posición de garantes de las obligaciones de respeto y protección. Adicionalmente, señaló la utilidad que revisten las normas del derecho internacional humanitario para la interpretación de la Convención Americana, y se refirió a las obligaciones especiales del Estado en relación a los niños y niñas en situación de conflicto armado interno, dada su especial vulnerabilidad. También amplió su jurisprudencia sobre el contenido y alcance del derecho de circulación y residencia, en relación al desplazamiento forzado que sufrieron las víctimas y la amplia gama de derechos que se ven afectados como consecuencia de ello.

CADH
4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 1.1
5.1, 5.2, 1.1
19, 4.1, 5.1, 1.1
4.1, 22.1, 1.1
22.1, 4.1, 5.1, 19, 1.1
8.1, 25, 1.1