16. Al respecto los representantes de las víctimas indicaron en septiembre de 2018 que “no existe un avance real […] respecto a la ubicación e identificación de la víctima, toda vez que no se da cuenta de acciones concretas tendientes al cumplimiento de este punto resolutivo, generando expectativas en los familiares de la víctima que a la fecha no han sido cumplidas”35. Posteriormente, en mayo de 2019, los representantes indicaron que, de la información brindada por la referida Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (supra Considerando 15), “no se detalla” en qué consisten las acciones concretas que se van a tomar y tampoco “queda claro qué información se necesita para precisamente para iniciar la búsqueda efectiva de los re[s]tos de la víctima”. También señalaron que “a nivel del Ministerio Público no se ha realizado diligencia alguna” para dar cumplimiento a la presente medida. Por tanto, los representantes concluyeron que “resulta necesario que el Estado brinde una explicación sobre la metodología de investigación sobre la búsqueda del paradero de la víctima en el caso concreto y sobre las acciones realizadas”36. 17. La Corte estima necesario enfatizar la importancia que tiene el cumplimiento de esta medida, puesto que supone una satisfacción moral para las víctimas y resulta indispensable en el proceso de duelo37. Por tanto, este Tribunal considera necesario que, dentro del plazo establecido en el punto dispositivo quinto de esta Resolución, el Estado presente un informe detallado, completo y actualizado respecto de: i) las acciones concretas que en el marco de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro y la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda se están tomando para acelerar la búsqueda del señor Osorio Rivera, y ii) considerando el nuevo marco institucional para la búsqueda de personas, aclare cuál es el papel del Ministerio Público en el cumplimiento de la presente medida y, si corresponde, qué medidas ha tomado para seguir investigando el paradero de la referida víctima. Finalmente, el Tribunal estima oportuno que el Estado se reúna, a la brevedad posible, con los representantes de las víctimas para presentarles información clara sobre las medidas que está adoptando el Estado para dar cumplimiento a la presente medida, así como si existen posibles obstáculos que estén impidiendo el avance de la búsqueda y qué acciones se tomarán para remediarlos. 18. Por tanto, la Corte considera que el Estado no ha dado cumplimiento a la medida relativa a efectuar un proceso de búsqueda serio que acredite la realización de todos los esfuerzos técnicos y periciales para determinar el paradero de Jeremías Osorio Rivera a la mayor brevedad, el cual debería realizarse de manera sistemática y rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos, según fue ordenada en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia. C. Tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico C.1 Medida ordenada por la Corte 19. En el punto resolutivo octavo y en el párrafo 256 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado debía brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, a las víctimas que así lo soliciten 38, incluyendo el suministro 35 Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 7 de septiembre de 2018. Cfr. Escrito de observaciones de los representantes de las víctimas de 28 de mayo de 2019. 37 Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2019, Considerando 42, y Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de octubre de 2014, Considerando 41 38 En la Sentencia se dispuso que las víctimas que querían solicitar esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponían de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación del referido Fallo, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica. 36 -9-