Los hechos del caso se relacionan con la falta de la debida atención medica –entre la década del 90 y hasta el 2006- de un grupo de personas diagnosticadas con VIH/SIDA.

En su Sentencia, la Corte IDH consideró central la controversia respecto del alcance del derecho a la salud entendido como derecho autónomo y avanzó en la línea jurisprudencial del caso Lagos del Campo. En esta línea, focalizó en el derecho a la salud de las personas que viven con el VIH y las obligaciones estatales que se desprenden del mismo: acceso a medicamentos, a la realización de pruebas diagnósticas, al apoyo social y psicológico, entre otras.

Adicionalmente, analizó –desde la perspectiva de la garantía de no discriminación- la especificidad que presenta la violación de estos derechos en relación con las mujeres que se encuentran en edad reproductiva.