7 f) que en el desarrollo del operativo militar realizado a finales de enero de 2005, se produjo el asesinato de un poblador dentro del territorio colectivo; personas beneficiarias con las medidas provisionales han sufrido una serie de torturas, y los campesinos no han podido trabajar cotidianamente. Simultáneamente, se realiza frente a las tres “zonas humanitarias”, una presencia de grupos paramilitares, que coincide con la salida de la fuerza pública que se ubica en frente de las “zonas humanitarias”. En estas acciones los grupos paramilitares han ingresado a las “zonas humanitarias”, y se han presentado como oficiales de la Brigada XVII del Ejército Nacional; d) en cuanto al cultivo de palma africana, se calcula que 7.000 hectáreas han sido sembradas en los territorios de las Comunidades afrodescendientes y 10.000 hectáreas están preparadas para la siembra, lo que significa un alto costo ambiental por la deforestación. Las 200 familias que aún se encuentran dentro del territorio colectivo que habitan “zonas humanitarias” no están de acuerdo con la siembra de palma africana. Dicha siembra en los territorios colectivos es la que impide el regreso de las familias desplazadas, por lo que no hay posibilidad de su regreso si en esas áreas continua la siembra. Esos cultivos afectan también tierras con títulos individuales que se otorgaron antes de la promulgación de la Ley No. 70 del año 1993. Las áreas en donde está localizada la siembra de palma africana coincide con aquéllas en donde se produjeron los eventos de violencia del año 2001, tales como masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamiento; e) los habitantes de las Comunidades temen salir de sus hogares porque reciben señalamientos, y ya ellos han sido amenazados, torturados, y en particular, en un operativo por la Brigada XVII del Ejército Nacional fueron buscados y acusados de pertenecer a la guerrilla, y e) los graves señalamientos que la Brigada XVII del Ejército Nacional está haciendo en contra de organizaciones no gubernamentales (Comisión de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Brigadas Internacionales de Paz, organización canadiense, Colectivo José Alvea Restrepo), es preocupante, ya que estas organizaciones prestan asistencia valiosa a las Comunidades. Finalmente, los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado que adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar la ampliación de la siembra de palma africana en los territorios titulados colectiva e individualmente a favor de las Comunidades; posibilite, a través de un mecanismo ágil y oportuno, el retorno y la restitución de las tierras a las familias desplazadas; implemente mecanismos de supervisión continua y de comunicación, como era la Comisión Mixta de Seguimiento, la cual contaba con la participación de organismos no gubernamentales, organismos de control del Estado como la Defensoría Comunitaria y de la Procuraduría, organismos humanitarios internacionales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con los cuales se desarrollaban actividades de prevención y de complementariedad en la atención humanitaria, como de alimentación y salud; identifique la titulación que los miembros de las Comunidades tienen en términos colectivos e individuales para que la posesión de las tierras quede esclarecida; avance en la investigación de los más de 120 crímenes denunciados y unifique el conjunto de procesos ante la Fiscalía General de la Nación, para avanzar en la identificación de testigos y el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Asimismo, los representantes mostraron su preocupación por la protección de la integridad personal de cerca de 13 familias, que han iniciado los procesos de denuncia, ante instancias de control, frente a la