Los hechos del caso se refieren a la exclusión de participación en las elecciones municipales de un grupo de candidatos pertenecientes al partido político regional indígena, como resultado de una resolución emitida por el Consejo Supremo Electoral.

La Corte IDH desarrolló estándares acerca del contenido de los derechos políticos, en particular, del derecho de participación política, en relación a la restricción indebida que se les impuso a las víctimas producto de una reglamentación que consideró discriminatoria.