175. Por otro lado, adujo que ha realizado esfuerzos para contrarrestar la violencia policial.
En particular, resaltó que en el estado de São Paulo ha habido una importante disminución
de las “tasa de homicidio”, pasando de 33,33 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2001
a 6,27 en 2019. En el mismo sentido, informó que, en julio de 2020, en la Policía Militar del
Estado de São Paulo se creó la Comisión de Mitigación de Riesgos, con el objetivo de identificar
inconformidades y ajustar protocolos de actuación y procedimientos operacionales para evitar
muertes en circunstancias semejantes. Igualmente, se configuró un sistema de compliance
en la Policía Militar y se han reforzado los mecanismos de supervisión y de disciplina con
especial énfasis en la Policía Judicial Militar. Agregó que la actividad policial cuenta con
controles internos y externos. Por otro lado, informó que, a través del Sistema de Salud
Mental de la Policía Militar, se proporciona acompañamiento profesional al personal policial
involucrado en hechos de alto riesgo, y que están invirtiendo en equipos técnicos de menor
potencial ofensivo y se están incorporado cámaras en el uniforme policial militar. Destacó
que, a nivel federal, ya cuenta con una Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa
Social, un Sistema Único de Seguridad Pública y una Secretaría Nacional de Seguridad Pública,
las que regulan el ejercicio de las actividades policiales. Finalmente, respecto de otras
medidas de carácter administrativo, argumentó que se trata de medidas de naturaleza
programática que dependen del ejercicio de la función de gobierno y administrativa, de la
existencia de condiciones económicas favorables y de la actuación del poder legislativo, por
lo cual hizo un llamado a la prudencia que debe acompañar la orden de reparaciones.
176. Adicionalmente, el Estado aclaró que varias medidas solicitadas por los representantes
guardan similitud con las que fueron presentadas en la acción civil pública no.102536176.2019.8.26.0053, tramitada en el Juzgado Cuarto de la Hacienda Pública. En ese contexto,
el Estado informó las medidas que habría adoptado como resultado de un acuerdo efectuado
durante tal acción, en los siguientes términos:
i) Control externo de la actividad policial: indicó que en el 2022 se implementó el
Sistema de Supervisión y Normalización Operativa en los servicios policiales militares
(SISUPA), a través de la Sección Sexta del Estado Mayor, con el objetivo de desarrollar
las actividades de preparación de propuestas, formateo, aprobación, capacitación y
supervisión de los Procedimientos Operativos Estándar (POE). En el 2020 se publicó el
Manual de Fundamentos de Policía Ostensiva y de Preservación del Orden Público, con
información y prácticas de la actividad policial, con énfasis en acciones preventivas.
En el 2021 se publicó la segunda edición del Manual de Derechos Humanos y
Ciudadanía, que permite la preparación de agentes de policía y medios adecuados y
necesarios para la promoción de los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Asimismo, a
mediados de agosto de 2021, comenzaron las negociaciones para la reinstalación de
una Comisión de Monitoreo de Letalidad de la Policía 267 con el Departamento de
Seguridad Pública
ii) Disminución de la violencia policial: informó sobre el programa "Olho Vivo" que tiene
como objetivo monitorear la actividad policial a través de cámaras corporales en
agentes. Particularmente, sostuvo que para diciembre de 2023 todos los oficiales de
la policía militar en servicio en el estado de São Paulo usarán cámaras en sus
267
Según indicó el Estado, la Comisión está integrada por representantes de la Secretaría de la Policía Militar,
la Policía Civil y la Superintendencia de la Policía Técnico-Científica de São Paulo, así como representantes del
Instituto Sou da Paz, el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el Ministerio Público y la Defensoría Pública del Estado
de São Paulo. Al respecto, sostuvo que el “estado de São Paulo se compromete a mantener esta comisión con
representantes del Estado, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, sin perjuicio de la evaluación de la
participación de otras entidades públicas y privadas con actuación relevante en temas de seguridad pública”.
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