Los hechos del caso se refieren a las torturas sufridas por Juan Francisco Bueno Alves, de nacionalidad uruguaya, por parte de integrantes de la Policía Federal argentina, con el objetivo de que declarase contra sí mismo y su abogado. Tras estos acontecimientos, se inició un proceso judicial que duró más de 9 años, y que culminó sin que se hubiese identificado ni sancionado a los responsables.

La CorteIDH estableció la importancia de que, en los casos en que existen alegatos de supuestas torturas o malos tratos, la investigación sea efectuada con prontitud, en especial cuando no se cuenta con testigos.