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INFORME No. 49/10
PETICIÓN 509-00
ADMISIBILIDAD
CARLOS ARTURO UVA VELANDIA
COLOMBIA
18 de marzo de 2010

I.

RESUMEN

1. El 5 de octubre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión”) recibió una petición presentada por Horacio Perdomo Parada (en adelante “el peticionario”)
en la cual se alega la responsabilidad de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado
colombiano” o “Colombia”) por la muerte de Carlos Arturo Uva Velandia, por parte de un miembro de la
Fuerza Pública, en el municipio de Hato Corozal, departamento del Casanare, el 21 de junio de 1992, la
ausencia de esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en los hechos y la consecuente falta de
indemnización de perjuicios a favor de los padres y hermanos de la presunta víctima.
2. El peticionario alegó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, la
integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la libertad personal, las garantías
judiciales y la protección de la honra y de la dignidad, establecidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención
Americana”), en relación con el deber de garantía, conforme al artículo 1(1) de dicho Tratado y los
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El peticionario
sostiene que el requisito del previo agotamiento de los recursos internos se encuentra satisfecho de
conformidad con el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana. Por su parte, el Estado alegó que los
reclamos de los peticionarios eran inadmisibles en vista de que se habría incumplido con el requisito del
previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana,
así como la ausencia de caracterización de los hechos como presuntamente violatorios de la Convención
Americana.
3. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los requisitos previstos en los
artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decidió declarar el reclamo admisible a
efectos del examen sobre la presunta violación de los artículos 4(1), 5, 7, 8 y 25 en concordancia con el
artículo 1(1) de la Convención Americana, y decidió declarar inadmisibles los artículos 6 y 11 de la
Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, notificar el informe a las partes, ordenar su publicación e incluirlo en su Informe
Anual a la Asamblea General de la OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La CIDH registró la petición bajo el número P509-00 y tras efectuar un análisis preliminar, el 6 de
enero de 2009 procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos
meses para presentar información de conformidad con el artículo 30(3) del Reglamento. En respuesta, el
Estado solicitó una prórroga de treinta días para presentar sus observaciones, la cual fue otorgada por la
CIDH. El Estado presentó sus observaciones el 15 de abril de 2009, y éstas fueron transmitidas al
peticionario para sus observaciones. La CIDH recibió las observaciones del peticionario el 22 de mayo
de 2009, las cuales fueron trasladadas al Estado con un plazo de un mes. El 29 de junio de 2009 el
Estado presentó sus observaciones finales.

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Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, de nacionalidad
colombiana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.

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