Los hechos del caso se refieren al despido de 3 trabajadores permanentes cesados del Congreso Nacional de la República de Perú en el marco de la disolución del Congreso dispuesta por el gobierno de Alberto Fujimori y la conformación del llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

La Corte IDH indicó expresamente las similitudes de este caso con el decidido anteriormente bajo el nombre Trabajadores Cesados del Congreso de Perú, estableciendo en consecuencia violaciones al derecho de acceso a la justicia.