Juicio del Primer Circuito Judicial de San José el 12 de diciembre de 2002 21, que le impuso la pena de 24 años de prisión por el delito de violación y abuso sexual contra persona menor de edad; 2) sentencia No. 172-00 dictada por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela el 28 de marzo de 2001, que lo condenó por el delito de uso de documento falso a 4 años de prisión22, y 3) sentencia No. 614-09 emitida por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José el 2 de julio de 2009, que lo condenó por el delito de uso de documento falso y estafa en concurso ideal a 5 años de prisión 23. Alega violación de los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13 y 25 de la Convención, en relación con el 1.1 de dicho instrumento; y de los artículos 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura. 25. El peticionario alega una serie de violaciones al debido proceso en los procesos penales seguidos en su contra. En específico, expresa con respecto a la sentencia No. 1536-02, que el defensor público no presentó el recurso de casación y tuvo que interponerlo sin asistencia técnica ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, el cual fue rechazado. Alega además que el defensor público no se apersonó a la convocatoria efectuada en el trámite procesal del recurso24. Con respecto a la sentencia No. 172-2000, alega que mediante la interposición de recursos judiciales, logró que la pena de prisión impuesta se redujera de cuatro a un año de prisión pero los recursos prosperaron de manera tardía dado que la primera condena fue en el 2000 y su modificación ocurrió en el 2010, cuando había cumplido la pena impuesta. Respecto a la sentencia No. 614-09, alega que no tuvo acceso a su texto escrito lo que le habría imposibilitado el ejercicio de la defensa material 25. Indica que contra dicha sentencia presentó un recurso de casación, el cual se vio restringido al no contar con la sentencia en formato escrito26. 26. Por otra parte, aduce que se habría violado su derecho a la salud porque no se le habría brindado asistencia médica, a pesar de haberla solicitado; que no existen condiciones de higiene y aseo en el centro de detención y hay hacinamiento y escasez de comida. Además, alega que los detenidos son víctimas de torturas sicológicas por parte del personal penitenciario y de falta de protección policial 27. Alega una progresiva gravedad de la situación de la seguridad penitenciaria e indica que hay casos de reos heridos con armas punzo cortantes y que muchos han muerto en la prisión28, siendo difícil denunciar tales hechos al no contar con protección estatal. 27. En cuanto al requisito convencional del previo agotamiento de los recursos internos, alega que los recursos domésticos han sido agotados. Indica que contra la sentencia No. 1536-02 presentó un recurso de casación y 10 procedimientos de revisión 29; que contra la sentencia No. 172-10 presentó dos recursos de casación y 10 procedimientos de revisión; y contra la sentencia No. 614-09 habría interpuesto un recurso de casación, que se encontraría en trámite al momento de elaboración del presente informe30. 21 Causa No. 99-029291-042-PE. Causa No. 99-000136-065-PE. De acuerdo a la información aportada, la sentencia fue anulada respecto del monto de la pena, la que se disminuyó a un año de prisión. 23 El peticionario informa que fue condenado en otras dos causas en los años 80, cuyas condenas habría cumplido. Indica que además habría otra sentencia de dicha década, cuya condena habr��a sido suspendida. Alega que el Estado le habría negado copia de dichos expedientes y que le negaron un recurso de amparo interpuesto al respecto. 24 Además alega que los defensores públicos de la ejecución de la pena atienden asuntos relacionados con dicha etapa y no presentan recursos de revisión. 25 Indica al respecto que en el centro penitenciario tienen prohibido usar un reproductor de CD, en consecuencia no pueden leer las sentencias. Argumenta que interpuso un recurso de amparo por esta situación pero habría sido rechazado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. 26 Por otra parte, aduce que se ha vulnerado su libertad de expresión porque las autoridades penitenciarias le impidieron ser entrevistado por un canal de televisión y aduce que se le decomisó todo su material legal. 27 El peticionario además alega que habría sido detenido e incomunicado por más de 70 horas sin orden judicial; y que habría sido golpeado al negarse a un reconocimiento físico. Que por tal motivo habría interpuesto un recurso de habeas corpus, el cual fue declarado parcialmente con lugar. Indica que no se habría sancionado a nadie. 28 El peticionario refiere a algunas situaciones concretas. 29 Indica que después de la adopción de la ley 8.503, presentó tres procedimientos de revisión y dos fueron acumulados. Alega que algunos magistrados que conocieron los recursos habrían conocido del asunto con anterioridad. 30 Con respecto a la garantía del artículo 8.2.h de la Convención, el peticionario alega que al verificar la imposibilidad de lograr un reparo mediante la interposición de recursos de revisión, presentó una solicitud de indulto, un recurso de habeas corpus, una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, una demanda de responsabilidad civil y disciplinaria 22 6