Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y arbitraria de Yvon Neptune, -quien se desempeñaba como Primer Ministro de Haití- por su responsabilidad en la masacre de la población de La Scierie y del incendio de varias casas en febrero de 2004.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre la obligación de respeto y garantía del derecho de acceso a la justicia, ser oído sin demora por un tribunal competente y el derecho a contar con un recurso judicial efectivo. Asimismo se pronunció acerca de las condiciones de detención de la víctima y el derecho a la integridad personal.