Por otra parte, en cuanto a la jurisdicción penal militar la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a contar con un juez independiente e imparcial ya que el proceso estuvo a cargo de quien fungió como su abogado defensor en el proceso administrativo disciplinario. Asimismo, estimó que el Estado incumplió su deber de comunicar previa y detalladamente a la víctima la acusación formulada. Por último, concluyó que se violó el derecho de defensa debido a que el 16 de septiembre de 1997 el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nula la sentencia dictada en contra de la víctima y el 15 de septiembre de 1997 se dictó una nueva sentencia por el delito de desobediencia tras volver a calificar los hechos, pese a que este delito no estaba contenido ni en la acusación formulada por la Fiscalía Militar ni en el informe final del Juez Militar. En cuanto a la jurisdicción penal ordinaria, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a contar con una motivación suficiente respecto del aumento de la pena que sufrió la víctima, ya que el 17 de abril de 1996 fue condenada a la pena de seis años de prisión y el 19 de junio de 1997, tras resolver un recurso de nulidad, el tribunal aumentó la pena de la víctima de 6 a 15 años sin motivar suficientemente dicha decisión. La CIDH concluyó además que el Estado violó el principio de non bis in idem ya que se profirieron dos sentencias condenatorias que impusieron sanciones de la misma naturaleza (en la vía penal militar y penal ordinaria) sobre la base de los mismos hechos. En particular, el delito de “desobediencia” en la jurisdicción penal militar se basó parcialmente en que los hechos encuadran en el delito de tráfico ilícito de drogas que se ventiló en la vía ordinaria. Además, en cuanto a la correlación entre la vía disciplinaria y la jurisdicción penal militar y ordinaria, la Comisión concluyó que el Estado asimiló conductas penales a faltas disciplinarias, lo que constituyó una violación adicional al mencionado principio. Adicionalmente, la CIDH estimó que se violó el derecho a la libertad personal porque no existió una motivación individualizada sobre los fines procesales perseguidos mediante la detención preventiva y la misma tuvo como base indicios de responsabilidad y la gravedad del delito. Aunado a ello, la Comisión estimó que la duración de la detención preventiva por más de tres años y seis meses fue excesiva y no se realizó una revisión periódica de la necesidad de la misma, violando también la presunción de inocencia. Finalmente, se violó el derecho a contar con un recurso efectivo para cuestionar la privación de libertad. El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. La CIDH ha designado al Comisionado Paulo Vannuchi y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán y Christian González Chacón, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo Nº 42/17 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 42/17 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante comunicación de 23 de junio de 2017, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Perú presentó un escrito en el cual rechazó las conclusiones del informe de fondo e indicó que no correspondía disponer reparación alguna a favor de la víctima.

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