-39vigente al momento de los hechos, no constituye una violación al principio de legalidad, siempre y cuando dichos principios estuvieran contemplados en un reglamento que sí se encontraba vigente”. Adicionalmente, Argentina resaltó que la parte dispositiva del fallo condenatorio de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de 22 de febrero de 1995 “dispone como norma penal trasgredida, fuente legal de la condena, sólo al art[ículo] 84 del Código Penal argentino, el cual se encontraba plenamente vigente al momento [de los hechos]”. Según el Estado, la mención de las normas contenidas en el Decreto N° 692/92 “es absolutamente incidental y prescindible en el desarrollo de la argumentación jurídica expuesta”, pues “no integran el dispositivo del fallo”. Sostuvo que el tribunal que condenó al señor Mohamed lo encontró penalmente responsable del delito de homicidio culposo, “indicando de manera expresa [al artículo 84] del Código Penal [argentino] como la fuente legal de la condena” así como refiriéndose a lo dispuesto en la práctica internacional en la materia. B) Consideraciones de la Corte 130. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática al establecer que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Dicho principio preside la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo 104. En un Estado democrático y de derecho es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita 105. 131. Asimismo, la Corte ha sostenido que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de este 106. El Tribunal también ha indicado que el principio de irretroactividad tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguible 107. 132. La Corte ha enfatizado que corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico 108. El Tribunal considera preciso agregar que, tratándose de delitos culposos, cuya ilicitud es menor comparada a la de los delitos dolosos y cuyos sus elementos típicos están definidos de forma genérica, se requiere que el juez o tribunal observe el principio de 104 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 107, y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90. 105 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 106, y Caso De La Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 81. 106 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 106, y Caso De La Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 104. 107 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 175, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 191. 108 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 82, y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.