50 c) las autoridades incumplieron los plazos legales para la tramitación del juicio, lo que produjo la demora excesiva en la decisión de la causa, y d) no se otorgó asistencia letrada al señor López Álvarez durante los primeros momentos de su detención, ni al momento de su declaración; tampoco le fue designado un defensor de oficio cuando carecía de abogado; además, fue coaccionado para que se declarara culpable del delito que se le imputaba. 125. Alegatos del Estado: a) hubo buena fe por parte de las autoridades estatales para resolver el presente caso. Se intentó evitar que la Fiscalía General de la República interpusiera un recurso de casación ante el máximo Tribunal de Justicia. La libertad inmediata del señor López Álvarez sólo podía darse después del desistimiento del recurso de casación; b) el juicio en contra del señor López Álvarez fue tramitado con todas las garantías y derechos que la ley confiere, y no existen evidencias de que hubiese violación de derechos. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de la Ceiba anuló de oficio parte de las acusaciones como consecuencia de la supuesta sustitución de la sustancia incautada por otro polvo, lo que determinó la emisión de sentencia absolutoria, y c) durante la vigencia de la legislación anterior al año 2002 no había inmediación, las diligencias judiciales no eran practicadas siempre por jueces, sino por otros funcionarios judiciales, pero eso no aconteció en el caso del señor Alfredo López Álvarez. Consideraciones de la Corte a) Plazo razonable del proceso penal 126. El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que [t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 127. El artículo 25.1 de la Convención establece que [t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 128. El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable98; una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales99. 98 Cfr. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de septiembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 209; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrs. 142 a 145.