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a) el 17 de octubre de 2004 el Presidente de la República calificó al diario “El
Nacional” como “periódico golpista” de “actitud conspirativa” y a Miguel
Enrique Otero como “fascista”;
b) entre junio y noviembre de 2005 algunos medios de comunicación
catalogados como “pro-gobierno” emitieron editoriales y artículos que harían
parte de una campaña de desprestigio contra el diario “El Nacional”;
c) el 15 de marzo de 2007 un reportero gráfico de “El Nacional” habría sido
“agredido [física y verbalmente] por un grupo de [mototaxistas]” mientras
“cubría una protesta de éstos frente al Palacio de Miraflores (Palacio
Presidencial), resultando víctima de golpes y agresiones verbales, siendo que
dichos motorizados pretendían impedirle el acceso al sitio para realizar sus
labores periodísticas”;
d) el 22 de agosto de 2007 Vanessa Gómez Quiroz, periodista de “El Nacional”,
habría sido agredida físicamente. El artículo periodístico presentado por los
representantes indica lo siguiente:
Un grupo de seguidores del gobierno […] y otro de afectos a sectores de la oposición se
enfrentaron a golpes y patadas a las puertas del Juzgado Superior 3º Civil y Contencioso
Administrativo de Caracas durante una audiencia constitucional. Ambos grupos se
encontraban fuera del tribunal esperando a que concluyera el proceso judicial […en]
contra de [un diputado]. En la trifulca ocho personas resultaron golpeadas […y] los
periodistas que daban cobertura al acto judicial fueron atacados por seguidores del
chavismo. El equipo de reporteros de RCTV Internacional […] fue el más afectado […].
También fueron golpeadas las periodistas de RCR y de El Nacional, Mardolei Prin y
Vanessa Gómez Quiroz. El hecho ocurrió ante la mirada indiferente de los alguaciles
encargados de resguardar la seguridad de los tribunales y de policías uniformados de la
Gobernación de Miranda, y
e) el 25 de julio de 2008 un comunicador social y corresponsal de “El Nacional”,
que se encontraba realizando la cobertura de una información periodística,
habría sido detenido durante siete horas por efectivos de la Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y trasladado hasta la sede de la
Policía de Barinas por el hecho de portar documentación sobre alegadas
irregularidades que se relacionarían con un hurto ocurrido en la casa de un
sobrino del Presidente de la República.
18.
Que los representantes informaron que Sergio Dahbar, Rafael Lastra e Ibéyise
Pacheco, “aún cuando son beneficiarios de las medidas provisionales dictadas,
actualmente no prestan servicio alguno al Diario El Nacional”. La última información
presentada por los representantes en relación con la beneficiaria Ibéyise Pacheco,
corresponde a un escrito de 9 de abril de 2007 en el que se señaló que esta
periodista habría sido objeto de “acusaciones […] y agresiones por altos funcionarios
del gobierno” que “constituyen mecanismos indirectos y directos de amenaza contra
su derecho a la vida y a la integridad personal, ya que el patrón sobre el particular
ha sido que esas agresiones jurídicas y/o verbales por parte de altos funcionarios del
gobierno, suelen ser acompañadas de agresiones físicas”. Las acusaciones a las que
aludió el representante correspondían al año 2002.
19.
Que en todos los escritos presentados por los representantes, al exponer la
situación de peligro para la vida, integridad personal y libertad de expresión de los
beneficiarios, se alude a un contexto de hostigamiento contra las actividades
periodísticas que han denunciado o criticado irregularidades en la conducta del
Gobierno.
20.
Que ante la solicitud de un listado de todos los beneficiarios de las medidas
provisionales, con la consiguiente explicación de por qué tales personas deberían