aseguran haber hablado durante su cautiverio con el Ministro de Justicia y Trabajo y el Ministro de Interior, quienes les habrían ofrecido garantías para huir del país si accedían a firmar declaraciones. Según los peticionarios, “la intención era que ambos se autoinculpasen del secuestro de la señora de Debernardi, que firmen algunos documentos incriminatorios y que involucren a otros políticos y empresarios opositores en el planeamiento y ejecución del delito”. 27. De acuerdo a los peticionarios, el Fiscal General del Estado habría permitido “que personal a su cargo, tanto agentes fiscales como personal del Centro de Investigación Judicial, policías y militares en actividad, hayan tenido conocimiento, participado, avalado y encubierto a quienes cometieron los hechos punibles de detención ilegal, desaparición forzosa, secuestro y tortura de activistas políticos de izquierda, como el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí”. 28. Afirman los peticionarios que el mismo Fiscal General del Estado, entre otros, habría reconocido en sus testimonios ante la Justicia Policial y ante el Ministerio Público, haber conformado “un grupo parapolicial-militar para investigar, realizar seguimiento, escuchas telefónicas e incluso detención, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de personas con ideologías políticas opuestas”. 29. Adicionalmente, los peticionarios señalan que el 19 de enero de 2002 los señores Jorge Samudio, Ana Rosa Samudio de Colmán y Víctor Colmán habrían sido detenidos en relación con el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. Los peticionarios alegan, sin dar detalles sobre las fechas o las autoridades concernidas, que se habría denunciado que el procedimiento del allanamiento se hallaba viciado de nulidad y que la policía en connivencia con el fiscal de la causa habrían preconstituido prueba en el lugar del allanamiento. Asimismo, sin dar mayor información sobre las fechas o las autoridades concernidas, se alega que se habría denunciado que tanto Samudio como Colmán habrían sido sometidos a apremios físicos por los agentes que los detuvieron, y que un examen físico habría determinado que ambos detenidos presentaban lesiones en diversas partes del cuerpo. De acuerdo a los peticionarios, las investigaciones en relación con estas denuncias nunca se abrieron. 30. Los peticionarios afirman de manera genérica que los dirigentes del partido y los familiares de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán habrían sido víctimas de hostigamiento y persecución por parte de la familia Debernardi y el Ministerio Público, con allanamientos a sus domicilios, amenazas de muerte vía telefónica, hostigamiento con 7