13 Ministerio Público y el 25 de agosto del 2005 se abrió la investigación judicial. Recién en el año 2005 se inició una investigación seria para esclarecer los hechos. Desde el inicio de la investigación judicial en el 2005 se han realizado las declaraciones de la señora Guadalupe Yllaconza Ramírez, madre de la víctima, la suya, declaraciones testimoniales de Santos Baldeón Palacios, Fernando Baldeón Flores, Benigno Urquizo Rivera, Juan Urquizo Flores, Feliciano Urquizo Rivera y Aurea Baldeón Ocaña, así como la diligencia de inspección judicial en la localidad de Pacchauallhua, Distrito de Independencia, lugar donde “estuvieron detenidos [su] padre y […] otras dos personas”. El 13 y 14 de enero de 2005 el Equipo Peruano de Antropología Forense (en adelante “EPAF”), en el marco de la investigación fiscal, llevó a cabo el reconocimiento médico del cuerpo de su padre. El testigo y su hermana, Fidela Baldeón Yllaconza, estuvieron presentes en dicha diligencia, “en presencia de las autoridades municipales del distrito de Accomarca”. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y APRODEH les proporcionaron un ataúd y traslado al cementerio de Ñuñunhuaynlyocccucho, Distrito de Independencia, Provincia de Vilcashuaman, donde se le dio sepultura. Hasta la fecha las autoridades no han detenido a los culpables. No descansará hasta encontrar justicia. Además, espera que la Corte Interamericana sea el “mecanismo esperado por toda [su] familia para poder alcanzar justicia, que durante tantos años ha sido trunca, y de esa manera fijar el monto de una reparación acorde con el sufrimiento causado a [él] y a toda [su] familia”. 2. Guadalupe Yllaconza Ramírez de Baldeón, esposa del señor Bernabé Baldeón García Tiene 83 años de edad y es ama de casa. Sus hijos son: Crispín, Roberto, Segundina, Miguelita, Perseveranda, Vicente, Sabina y Fidela, todos ellos de apellido Baldeón Yllaconza. Ellos son su “único sustento económico”, en virtud de su avanzada edad, su estado de salud, la falta de trabajo y por no contar con ninguna pensión por parte del Estado. Dos días después de los hechos, el 27 de septiembre de 1990, los señores Santos Baldeón Palacios y Jesús Baldeón Zapata le comunicaron la muerte de su esposo, quien tenía 68 años de edad cuando fue secuestrado y ejecutado por el ejército. Sufrió un impacto en su vida personal, se sintió muy afectada por la ausencia de su esposo, no sólo por “todo el amor que […] tenía, sino que además, él era el sustento principal de[l] hogar”. A raíz de los acontecimientos tuvo que irse a “la capital” en vista de las represalias de los efectivos del ejército, dejando no sólo su “pequeño terreno” que poseía en su pueblo y sus bienes, sino que además tuvo que iniciar una nueva etapa con su familia en una ciudad como Lima, donde “hasta la fecha no [se] ha acostumbrado vivir”. Vivía con su familia de una manera “pacífica” en su pueblo y todos aportaban para el “mantenimiento del hogar”. Vivían de lo que producían en el campo y, por ese motivo, no saben realizar otra labor que no sea la agrícola, por lo que les es difícil conseguir un puesto de trabajo. PERITAJES 1. María Dolores Morcillo instituciones jurídico-penales Méndez, especialista en medicina forense e