-11B.1. Medida ordenada por la Corte
26.
En el punto resolutivo octavo y en los párrafos 266 y 267 de la Sentencia, la Corte
dispuso que el Estado debía iniciar, en un plazo razonable, las investigaciones relacionadas
con la muerte del señor Jesús Álvarez y de los señores Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y
Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales
y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.
B.2. Consideraciones de la Corte
27.
El Estado informó que la “Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural” del Ministerio Público
había conformado un equipo de trabajo “a fin de investigar las muertes de los ciudadanos
Garífunas Jesús Alvares, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales”. Señaló
que dicho equipo se desplazó a las comunidades y realizó “toma de declaraciones, entrevistas
con familiares, solicitud a bases de datos, datos de víctimas, georreferenciación del lugar de
los hechos en las comunidades garífunas, ubicación de viviendas y bienes de testigos
presenciales [y b]úsqueda de los levantamiento de cadáveres de las víctimas […] realizados
por el Juez de Paz o de Letras de lo penal en la ciudad de Tela Atlántida” 29. Asimismo, con
relación a la muerte de Jorge Castillo y Julio Alberto Morales, indicó que en 1997 habrían
muerto los sospechosos identificados por los testigos presenciales, uno de los cuales habría
sido “capturado por la policía y […] trasladado a la ciudad de Tela para que los testigos lo
reconozcan siendo positivo el reconocimiento”. Indicó que “[e]stas versiones están en proceso
de verificación mediante las diligencias pertinentes y se constatará si efectivamente se
realizaron las respectivas autopsias e inscripción en el Registro Nacional de las Personas”.
Respecto a la muerte de Oscar Brega, el Estado informó que “en base a las investigaciones
realizadas, quienes le dieron muerte son los mismos sospechosos de las muertes anteriores,
pero se requiere verificar la información a que se ha hecho referencia” 30. Finalmente, en la
audiencia privada celebrada el 29 de noviembre de 2018, el Estado precisó que había realizado
las siguientes actuaciones: solicitud de información a bases de datos con la finalidad de
individualizar a las víctimas; toma de declaración a ofendidos, testigos y familiares de las
víctimas; solicitud de información a empresas públicas y privadas con el objeto de obtener
información de las víctimas y sospechosos para su individualización, e inspección “en las
instalaciones de la DPI de la ciudad de Tela” y en la Jefatura Policial de la Ciudad de La Ceiba
Atlántida, con el fin de verificar si había registro de información sobre los hechos ocurridos
entre 1997 y 1999. Además, aclaró que, “como resultado de esas diligencias, se prevé solicitar
al Juzgado de Letras de Tela, se tome declaración con las formalidades de prueba anticipada
al testigo presencial de los hechos” y que “en virtud de la ubicación del lugar donde se
encuentran sepultadas las víctimas, se solicitará se realicen las exhumaciones respectivas”.
Informe estatal de 8 de agosto de 2017. En su informe de 18 de diciembre de 2017, el Estado detalló que entre
octubre y noviembre de ese año realizó las siguientes diligencias: gira de trabajo en el Municipio de Tela Atlántida
por parte del Ministerio Público a los fines de entrevistar a los familiares de las víctimas, informarles de la
investigación y “realizar diligencias” en el expediente 82-2017 por el delito de usurpación en la Comunidad de San
Juan y en la denuncia 1441385052-2015 por el delito de usurpación de la Comunidad La Ensenada; revisión del
expediente judicial 3033/2017; inspección ocular en la Comunidad de San Juan y ampliación de la declaración en
calidad de denunciante del Presidente de la Comunidad por la denuncia 82-2017 por el delito de usurpación;
realización de entrevistas en la Comunidad Triunfo de la Cruz “con la señora Garífuna Chorly Patricia Santos Arzu[,]
hija del señor Zacarías Santos Castillo[,] a quien le dieron muerte el 2 de junio de 1997 y que tiene relación con el
ya fallecido Jorge Castillo” y “a la señora Blanca Irene Herrera[,] esposa del fallecido Oscar Brega”; reunión de
agentes del Ministerio Público con la coordinadora ante la CICSI y representante de la Comunidad Triunfo de la Cruz
a los fines de informarle sobre las investigaciones realizadas y recepción de nuevas denuncias de los miembros de
dicha Comunidad; entrevista a la hermana de Jorge Castillo, a quien se le informó sobre la investigación, y citación
a una persona que está siendo investigada para comparecer a la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural.
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Informe estatal de 8 de agosto de 2017.
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