15.
Sostiene que los fuertes intereses de terceros en el territorio de la comunidad generaron “un
clima de zozobra y persecución constante”, en especial en contra de sus dirigentes. En concreto, sostiene que
Wilfredo Guerrero, Ellis Marin y Jessica García, entre otros líderes comunitarios y miembros directivos del
Patronato de la Comunidad, han sido objeto de amenazas, hostigamientos y persecuciones “en forma violenta
y sistemática”, por su lucha en defensa de los derechos territoriales de la Comunidad. Agrega que, como parte
de este contexto, líderes comunitarios han sido encarcelados arbitrariamente. Señala que, mientras
aumentaban las persecuciones por la lucha para la obtención de la tierra reclamada, presentaron numerosas
denuncias ante la Fiscalía de Etnias y el Ministerio Público, “todas sin éxito” 4.
16.
Refiere que, en este contexto, el 26 de febrero de 2006 fueron ejecutados los jóvenes garífuna
Gino Eligio López y Epson Andrés Castillo por parte de agentes del Ejército hondureño en los alrededores de la
Laguna Negra. Agrega que algunos miembros de la comunidad creen que estos hechos son “un acto de presión
para debilitar la oposición de la comunidad al Proyecto Turístico Laguna de Micos”. Afirma que los testigos
coinciden en señalar que dos Sub Tenientes dieron la orden de disparar, la cual habría sido ejecutada por dos
soldados. Agrega que estos hechos se habrían cometido en presencia de otros tres soldados y un civil, quienes
habrían encubierto los hechos. Informa que se presentó una denuncia identificada con el número 382-06, en
virtud a la cual el 1 de marzo de 2006 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra las ocho
personas presuntamente implicadas. Señala que, luego de diversas diligencias, el 19 de noviembre de 2007 se
celebró una audiencia en la que se declaró culpable del delito de asesinato a los dos soldados que habrían
ejecutado la orden y a uno de los sub tenientes, absolviéndose a este último de los delitos de abuso de autoridad
y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Según la última información aportada, se encontraba
pendiente el dictado de sentencia, a través de la audiencia de individualización de la pena, por parte del
Tribunal de Sentencia.
17.
Asimismo, afirma que el 14 de abril de 2007 “varios sicarios dispararon al vehículo… en el
cual se dirigían cinco jóvenes” de la comunidad 5. Indica que una de ellas es hija de la Presidenta del Patronato
de San Juan, Jessica García, quien ha sido “amenazada por su férrea oposición en defensa del territorio de su
comunidad”, por lo cual considera que se trató de un acto de presión sobre los líderes. Agrega que el hecho fue
denunciado a la Policía Preventiva y calificado como “atentado de homicidio”.
18.
Con relación a lo alegado por el Estado respecto a la admisibilidad de la petición, sostiene que
el extravío del expediente y la falta de acciones del Estado para subsanar este hecho, la constante persecución
de los líderes de la comunidad y de la organización peticionaria, así como la imposibilidad de obtener servicios
de un abogado por la negativa a aceptar su representación legal por temor a la persecución y la falta de recursos
económicos, han hecho que la Comunidad se vea imposibilitada de agotar mayores recursos internos. Alega
que, a pesar de estas dificultades, “han sido muchos los reclamos y las denuncias de la comunidad respecto a la
pérdida del expediente, la insuficiencia del título otorgado en el 2000 y los títulos otorgados ilegalmente por la
Municipalidad de Tela”. En virtud a ello, solicita que la petición sea declarada admisible, con base en la
excepción al agotamiento de los recursos internos contenida en el artículo 46.2.b de la Convención.
4 Específicamente la peticionaria aportó información sobre las siguientes denuncias: (i) denuncia 1881-05 presentada el 8 de
enero de 2006 por Wilfredo Guerrero Bernandez, líder comunitario de San Juan, ante la DGIC por el incendio de su vivienda en el que
perdió todas sus pertenencias y documentos comunales y afirma que “cree que este hecho fue provocado por personas que le quieren
causar daño porque él es dirigente comunal y pelea por las tierras comunales” [Petición inicial, anexo 12]; (ii) información sobre denuncia
por delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios estatales, allanamiento de morada, detención ilegal, robo y
desaparición forzosa en grado de tentativa contra el Secretario de Estado del Despachos de Seguridad y el Sub-Jefe Noroccidental de la
DGIC en perjuicio de Wilfredo Guerrero Bernandez [Información aportada por la peticionaria el 26 de octubre de 2011]; (iii) denuncia
1120-06 por el delito de amenazas en perjuicio de Jessica García presentada el 22 de junio de 2006 [Información aportada por la
peticionaria el 29 de junio de 2009; (iv) denuncia 763-08 presentada por amenazas e intento de homicidio presuntamente ocurridos el 5
de junio de 2008 en perjuicio de Santos Feliciano Aguilar por parte de personas vinculadas a Empresa Inversiones Ullua [Información
aportada por la peticionaria el 8 de julio de 2008]. Igualmente, afirma que el 6 de febrero de 2013 la señora Eligio Suazo, importante
lideresa del pueblo Garífuna, habría fallecido a causa de un infarto cuando se encontraba compareciendo a una audiencia dentro de un
proceso penal seguido en su contra por el delito de usurpación.
5 En concreto, la peticionaria refiere los nombres de Keydi Jorleny Marin, Yerli Isolina Ellis, Yanaira Briyed Lambert, Eusebia
Guillen y Joselyn Lizet Rivas.
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