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inseguridad a la sociedad civil y puede ser que los métodos que aprendieron en los
años 80 continúen siendo utilizados actualmente.
Los factores de la impunidad en ese tiempo eran: predominio del poder militar
sobre el civil. Asimismo, el creer que lo que se estaba librando era una guerra y
que había un enemigo que destruir y que, por tanto, los derechos humanos no
contaban, los controles legales a que debían estar sometidos las autoridades no
eran eficaces. Por otro lado, la clase política prefirió abstenerse de hacer cambio
alguno a los militares por el temor a un golpe de Estado. Fue una situación de
predominio de la fuerzas armadas y paralización del sistema judicial. En esa época,
la prensa jugó un papel importante.
Por la serie de casos que le tocó analizar durante los años en que fue Comisionado,
el perito notó la lentitud y debilidad del Poder Judicial y la ineficacia, en particular,
del hábeas corpus. Por este último factor se incluyó el caso de Juan Humberto
Sánchez en el Informe “Los Hechos hablan por sí mismos”, ya que se vio que se
habían intentado estas acciones de hábeas corpus y las mismas no habían
conducido a ningún resultado. La politización del sistema judicial es lo que hace
que el sistema todavía no funcione adecuadamente.
La situación del sistema judicial fue de temor y de abdicar su obligación
constitucional de investigar y juzgar esos crímenes. Hubo un temor generalizado, al
punto que hasta hoy en día ninguno de los 184 casos analizados por el
Comisionado Nacional para los Derechos Humanos ha sido investigado y no se ha
producido ninguna sentencia. Notoriamente, el sistema judicial fue ineficaz. Se
interponían acciones en las instancias judiciales y las mismas no tenían efecto.
El modus operandi de las desapariciones forzadas en esa época era el siguiente:
desde finales de los 70 y hasta principios de los 80 se crearon cuerpos especiales
dentro de las fuerzas armadas para la vigilancia y el seguimiento de las personas
que se consideraban sospechosas de ser subversivas. Una vez apresadas,
generalmente eran interrogadas haciendo uso de las más sofisticadas torturas.
Finalmente, muchas de estas personas eran asesinadas, muchas de ellas con un
tiro de gracia, maniatadas y enterradas en cementerios clandestinos o en sitios no
autorizados. Esto se repitió durante todo ese período de tiempo.
A partir de entonces se envió una solicitud de los organismos de derechos humanos
para que se hiciera una investigación a fin de esclarecer esas desapariciones y el
perito tomó la responsabilidad de hacer esa investigación. Como resultado,
presentaron el 29 de diciembre de 1993 un informe preliminar sobre las
desapariciones en Honduras que se tituló “Los Hechos Hablan por sí Mismos”,
donde se documentaron 184 casos y donde se establece el patrón de actividades.
Dentro de los casos que estimaron que eran típicos de las formas de desaparición,
incluyeron el de Juan Humberto Sánchez. El mismo se salía un poco del patrón
general porque su cadáver apareció, luego de haber sido detenido ilegalmente. El
caso de Juan Humberto Sánchez, a pesar de que fue en 1992, siguió el mismo
patrón de ejecuciones que se estableció durante la mayor parte de la década de los
80. Según su conocimiento, al momento de los hechos ambas fuerzas militares, el
Décimo Batallón y las fuerzas territoriales, estaban en la zona y a Juan Humberto
Sánchez lo detuvo primeramente el Décimo Batallón, pero lo dejaron luego en
libertad. Después vinieron las fuerzas territoriales. Deben haber tenido el
conocimiento de lo que había ocurrido.
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