4.
Los escritos de 14 y 27 de abril, 13 y 20 de mayo y 5 de junio de 2020, por medio de los
cuales el Estado solicitó que se rechace la solicitud de los representantes y se decida el levantamiento
de las medidas provisionales vigentes a favor de Humberto Prado, así como el escrito de Venezuela
de 26 de mayo de 2020, por el cual remitió información sobre medidas provisionales adoptadas
respecto a centros penitenciarios durante los años 2018 y 2019.
5.
Los escritos de 14 y 27 de abril, 7 de mayo y 12 de junio de 2020, por medio de los que la
Comisión Interamericana presentó observaciones a la solicitud de extensión de medidas provisionales
formulada por los representantes.

CONSIDERANDO QUE:
1.
Venezuela fue Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el
9 de agosto de 1977 hasta el 10 de septiembre de 2013, y reconoció la competencia contenciosa de
la Corte el 24 de junio de 1981. El 10 de septiembre de 2012 Venezuela notificó a la Organización
de Estados Americanos de su denuncia de la Convención Americana, la cual, en virtud del artículo
78.1 de la misma, se tornó efectiva a partir del 10 de septiembre de 2013. Sin embargo, de
conformidad con el artículo 78.2 de la Convención, “[d]icha denuncia no tendrá por efecto desligar
al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en [la] Convención en lo que concierne a
todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él
anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.
2.
El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, “[e]n casos de extrema gravedad
y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la
Comisión”. La orden de adoptar medidas es aplicable siempre y cuando se reúnan los requisitos
básicos de extrema gravedad y urgencia y de la necesidad de prevención de daños irreparables a las
personas. Estos tres requisitos son coexistentes y deben persistir para que la Corte mantenga la
protección ordenada 1.
3.
Este Tribunal recuerda que las medidas provisionales a favor de Humberto Prado fueron
adoptadas por esta Corte en el año 2009. De acuerdo a la Resolución de la Corte Interamericana de
24 de noviembre de ese año y las posteriores, de 6 de julio de 2011, 6 de septiembre de 2012 y 13
de noviembre de 2015, el Estado debe, inter alia, proteger la vida e integridad personal de Humberto
Prado.
4.
De conformidad con su escrito de 6 de abril de 2020 y con los posteriores (supra Visto 3)
los representantes solicitaron una “extensión” de las medidas provisionales ordenadas a favor de
Humberto Prado para proteger la vida e integridad personal de Beatriz Carolina Girón, Julio César
Prado Girón, Andrés Prado Girón y Melchor Prado Girón, quienes son, respectivamente, la esposa del
señor Humberto Prado y sus hijos. El Estado se opuso a la solicitud de los representantes y requirió
que se levantaran las medidas de protección vigentes a favor de Humberto Prado. A continuación,
se expone la información y argumentos expresados por los representantes y por Venezuela, así como
las observaciones de la Comisión; con posterioridad se presentan las consideraciones de la Corte.
A) Información y consideraciones presentadas por los representantes, el Estado y la
1
Cfr. Asunto Álvarez y otros. Medidas provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 22 de mayo de 2013, Considerando 2, y Caso Coc Max y otros Vs. Guatemala. Medidas provisionales.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de febrero de 2019, Considerando 3.

2

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