Comisión 5. Los representantes señalaron que el 13 de marzo de 2020 el Estado decretó un “estado de alarma” por la pandemia del Covid-19, y que en ese contexto “ha[bría] recrudecido su política de control social y represión”. 6. Los representantes aseveraron que las autoridades del Estado “ha[brían] instaurado la represión y el control social como política de Estado, donde las personas que exigen, defienden y promueven derechos humanos son considerad[a]s ‘enemig[a]s’ que deben ser neutralizad[a]s”. Expresaron que en las “últimas semanas” previas al 6 de abril de 2020 las autoridades venezolanas habrían hecho “un llamado[,] a través de distintas vías[,] a la activación de la ‘Furia Bolivariana’, para ir contra cualquier persona que sea considerada un[a] enemig[a] o un[a] agente desestabilizador[a] y así ‘proteger la revolución’”. Afirmaron que, en ese marco, “[h]a habido un especial ensañamiento y una nueva ola de agresiones en contra de personas allegadas al círculo del Presidente de la Asamblea Nacional[,] Juan Guaidó, y a familiares de las personas perseguidas”. Así, mencionaron la ocurrencia de “nuevos ataques para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos” y de supuestas “amenazas a diversos dirigentes”. 7. La situación aludida fue caracterizada por los representantes como “un cuadro peligroso, en el cual diversos agentes y representantes del Estado venezolano, de manera constante y sistemática, desprestigian, desacreditan y criminalizan a los defensores de derechos humanos”. Expresaron que dicha situación, si bien no es nueva, “se [habría] profundiz[ado]” a partir de 2019. Informaron que entre 2018 y 2020 se habrían documentado 172 agresiones contra defensores de derechos humanos, y que en lo que va de 2020 ha habido 51 “ataques e incidentes de seguridad”. De acuerdo a lo que adujeron, “[m]edios de comunicación o funcionarios estatales encabeza[ría]n el listado de los responsables de estos ataques”. 8. A lo anterior, los representantes agregaron información y consideraciones puntuales sobre el beneficiario Humberto Prado y sus familiares. 9. Al respecto, debe recordarse que en septiembre de 2019 los representantes informaron que Humberto Prado fue designado por Juan Guaidó, a quien señalaron como “Presidente encargado” de Venezuela, como “Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos”, y que su esposa, Carolina Girón de Prado, se había integrado como representante del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). En las comunicaciones presentadas a partir de abril de 2020 (supra Visto 3), los representantes reiteraron lo señalado y aclararon que el señor Humberto Prado continúa ejerciendo actividades de defensa de los derechos humanos, y que no ha cesado en su trabajo en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. Señalaron, en particular, que “en ningún momento el señor Prado ha desistido de la representación que ejerce ante el Tribunal”. 10. Los representantes adujeron que Humberto Prado habría sufrido una “campaña de ataques y desprestigio” que “retomó fuerza” a partir de 2014. Manifestaron que entre 2015 y 2020 hubo más de 20 señalamientos en medios públicos, sobre todo en el programa televisivo “Con Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea General Constituyente, y que el beneficiario sufrió “acciones de hostigamiento en aeropuertos venezolanos, intervención y exposición pública de comunicaciones privadas, amenazas de invalidación de documentos de identificación”, como también “revisiones injustificadas” y “seguimientos”. Indicaron que también Carolina Girón, desde hace “varios años”, ha sufrido actos de hostigamiento, vigilancia en su lugar de residencia y persecución. En ese sentido, mencionaron que el 26 de octubre de 2016, Diosdado Cabello habría acusado a la señora Girón de tener una compañía en Panamá dedicada a la compraventa de material bélico. 11. Los representantes también afirmaron que se han producido “hechos más recientes” que 3